Durante varias semanas, conductores y peatones de Kennedy y Bosa circularon entre cruces sin control, filas interminables y un riesgo constante de accidentes. Ese escenario comenzó a cambiar esta semana, luego de que la Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmara la recuperación total de los semáforos vandalizados en ambas localidades. Sin embargo, el restablecimiento técnico no apagó la controversia política y jurídica que se abrió alrededor del caso.
La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, informó que desde el 29 de noviembre se registró el hurto de semáforos en 94 intersecciones, de las cuales 48 fueron atacadas de manera simultánea, un patrón que para la administración evidencia un posible ataque sistemático contra la seguridad vial en el sur de la ciudad.
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Vandalismo masivo y millonarias pérdidas
El impacto de estos hechos va más allá del caos en las vías. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, durante 2025 se han vandalizado más de 1.000 semáforos en Bogotá, y 363 de ellos fueron hurtados solo en noviembre y los primeros días de diciembre. El costo de estas acciones para el Distrito supera los 21.500 millones de pesos.
“Con cuadrillas de mantenimiento y personal en vía atendimos la recuperación de los semáforos y gestionamos el tráfico en los puntos críticos”, explicó Díaz, quien reiteró que la ciudad no puede normalizar ataques que comprometen la vida de los actores viales.
Una crisis que detonó denuncias contra la Alcaldía
Aunque los equipos ya fueron repuestos, el episodio escaló al plano judicial. El concejal Julián Forero presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el alcalde Carlos Fernando Galán y tres altos funcionarios de la Secretaría de Movilidad, por lo que considera una falta de reacción oportuna frente a la emergencia.
Forero sostuvo que la crisis semafórica se sumó a un panorama ya complejo, marcado por más de 1.200 frentes de obra y trancones permanentes. Según el concejal, las fallas en Bosa y Kennedy se extendieron por más de 30 días sin solución efectiva, lo que habría incrementado el riesgo para miles de ciudadanos.
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Señalamientos por omisión y llamados a los entes de control
El cabildante aseguró que la administración distrital habría incurrido en presunto prevaricato por omisión, al no actuar con la diligencia requerida ante un problema que afecta directamente la seguridad vial. Además, radicó tres quejas disciplinarias ante la Personería de Bogotá por presunto incumplimiento de funciones, al considerar que no se protegieron adecuadamente la vida y los bienes de peatones y conductores.
Desde la Secretaría de Movilidad insistieron en el llamado a denunciar cualquier ataque a los semáforos a través de la línea 123 o los cuadrantes de la Policía. Mientras tanto, la discusión ya está en manos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería, que deberán determinar si hubo o no responsabilidades por esta crisis que puso a Bogotá a circular a ciegas.
