La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijín de la Policía Nacional y autoridades de Estados Unidos, desmanteló una red delincuencial que facilitaba el ingreso y salida irregular de ciudadanos extranjeros a través del aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Por estos hechos fueron capturados y judicializados cuatro funcionarios de Migración Colombia: Johan Alexander Cendales Tafur, Johan Mauro Cerón Reyes, Cristian Camilo Bueno Casallas y Efraín Collazos Guerrero, señalados de participar en actividades de tráfico de migrantes.
De acuerdo con la investigación, los implicados habrían aprovechado sus cargos para permitir el tránsito irregular de ciudadanos provenientes de países como China, México y Vietnam, evadiendo controles migratorios o manipulando los sistemas oficiales.
Según el material probatorio, los funcionarios trasladaban a los extranjeros sin que cruzaran los filtros establecidos o registraban su paso con información falsa. Incluso, habrían utilizado pasaportes de terceros para simular movimientos migratorios sin la presencia física de las personas.
Operación irregular dentro del aeropuerto
Las autoridades recopilaron al menos 11 eventos delictivos en los que los implicados actuaron, en algunos casos, sin estar de turno o sin autorización para ejercer funciones, facilitando la salida de migrantes hacia Estados Unidos y países de Centroamérica.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad, falsedad personal y falsedad ideológica en documento público.
Adicionalmente, a Johan Mauro Cerón Reyes se le imputó el delito de fabricación, tráfico o porte de municiones, luego de que durante su captura le fuera encontrada munición para pistola sin autorización.
Por decisión de un juez de control de garantías, los cuatro procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.
Investigación inició desde Migración Colombia
Migración Colombia informó que la investigación tuvo origen en una indagación interna adelantada por su Grupo de Policía Judicial desde enero de 2024, cuyos hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía.
La entidad respaldó las acciones judiciales y rechazó estos hechos, señalando que “estas actuaciones individuales no representan los principios, valores y el compromiso de la gran mayoría de los funcionarios”.
Asimismo, reiteró su compromiso con el fortalecimiento de controles internos y la cooperación interinstitucional para prevenir conductas que afecten la seguridad nacional y la confianza ciudadana.
