La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado colombiano que remita información urgente para establecer las medidas de seguridad otorgadas a Miguel Uribe, precandidato presidencial que fue víctima de un trágico atentado el pasado sábado 7 de junio.
Según el abogado de la familia, Víctor Mosquera, la solicitud incluye detalles sobre las garantías que actualmente le ofrece el Estado al senador. También exige información sobre la seguridad de su familia y del equipo de campaña, de cara a las elecciones de 2026. Esto resalta la importancia que ha tenido el caso a nivel internacional.
Con las declaraciones del abogado, queda claro que se busca establecer por qué no se implementaron mecanismos de protección adecuados que pudieran haber prevenido el ataque, el cual hoy mantiene al político luchando por su vida en la Fundación Santa Fe.
“La CIDH ha solicitado información urgente al Estado colombiano para que se establezca cuál es la seguridad actual de Miguel, cuál es la seguridad que se ha brindado a la familia y qué tipo de medidas se han implementado después de este accionar criminal”, señaló el abogado Mosquera.
Este atentado pone sobre la mesa la discusión sobre la seguridad de las figuras políticas en el país, especialmente aquellas de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Más aún, teniendo en cuenta que ya ha comenzado el camino hacia las elecciones presidenciales del próximo año.
Con base en las palabras del representante de Uribe y su familia, ya se han solicitado medidas cautelares que garanticen la protección inmediata tanto del político del Centro Democrático como de sus allegados e integrantes de su campaña.
“Esperamos que el Estado colombiano le haga seguimiento a esta solicitud que hizo la CIDH y, en el evento de que el Estado implemente las seguridades adecuadas, anunciamos que ya se han solicitado unas medidas cautelares”, reveló Mosquera.
Esto se suma a la labor que cumplen estos organismos como “observadores internacionales”, según señaló el abogado, lo que permite ejercer presión sobre los Estados para que prioricen y entreguen información adecuada sobre amenazas que ponen en riesgo el ejercicio de la democracia.
La petición realizada por la organización internacional busca garantizar el derecho a la vida e integridad de los implicados, en un contexto de campaña electoral. En la solicitud, la CIDH establece un plazo de 10 días para que el Gobierno emita una respuesta.
