El presidente Gustavo Petro anunció una medida sin precedentes en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. A través de su cuenta de X, el mandatario ordenó suspender “todo envío de comunicaciones y tratos” entre los niveles de inteligencia de la fuerza pública colombiana y las agencias de seguridad estadounidenses, mientras persistan los bombardeos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Según el jefe de Estado, esos ataques, que habrían causado la muerte de al menos 69 personas, constituyen “ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”.
La reacción de Petro ante ataques en el Caribe
La decisión de Petro se da después de que la cadena CNN revelara que Reino Unido suspendió el intercambio de inteligencia con EE.UU. sobre embarcaciones sospechosas de traficar drogas. Según el medio estadounidense, Londres no quiere “ser cómplice de ataques ilegales” y considera que las acciones militares violan normas internacionales.
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Petro retomó ese argumento para exigir respeto a los derechos humanos en la lucha antidrogas. “Lo que hacen lanzando misiles contra lancheros pobres al servicio o no de operaciones de cocaína no son sino ejecuciones extrajudiciales”, escribió el mandatario en una publicación anterior en X.
Durante la reciente cumbre Celac–Unión Europea, celebrada en Santa Marta, el presidente colombiano comparó la situación con los ataques en Gaza: “Los mismos misiles que caen allá, caen aquí, en el Caribe, sobre personas pobres”.
Cooperación estratégica en riesgo
Hasta ahora, el Gobierno colombiano no ha detallado qué instancias exactas dejarán de compartir información con Washington. No obstante, la orden abarcaría organismos clave como la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), la Inteligencia Naval, la Inteligencia Aérea y Cibernética, y el Departamento de Contrainteligencia Militar.
La cooperación de inteligencia entre ambos países ha sido uno de los pilares de la política de seguridad en las últimas tres décadas. Estados Unidos ha sido un aliado central en operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado. Analistas advierten que una suspensión prolongada podría afectar la capacidad del Estado colombiano para enfrentar redes criminales transnacionales.
Ataques con víctimas colombianas
De acuerdo con la información difundida por el propio Petro, al menos cuatro de las 18 embarcaciones hundidas por EE.UU. en el Caribe y el Pacífico estarían relacionadas con Colombia.
Uno de los casos más mencionados por el presidente fue el de Alejandro Carranza, un pescador colombiano que murió tras un bombardeo ocurrido el 15 de septiembre. Otro sobreviviente, Jonathan Obando Pérez, fue rescatado por fuerzas estadounidenses y posteriormente entregado a Colombia, aunque fue liberado por falta de pruebas.
El 17 de octubre, otro ataque fue atribuido a una lancha presuntamente vinculada con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Días después, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, admitió que una de las primeras operaciones del Pacífico se realizó “frente a las costas colombianas”.
Sin respuesta oficial de Estados Unidos
Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha emitido ningún pronunciamiento oficial frente a la decisión del presidente colombiano. Sin embargo, la medida podría tensar aún más las relaciones entre Bogotá y Washington en temas de seguridad, cooperación antidrogas y defensa.
Mientras tanto, Petro insiste en que Colombia no puede ser cómplice de acciones que, según él, vulneran los derechos humanos en la región. “Exijo que se retorne al respeto por la vida y la dignidad de los pueblos del Caribe y América Latina”, concluyó el mandatario.
