El nuevo impulso del presidente Gustavo Petro a una Asamblea Nacional Constituyente volvió a poner sobre la mesa el precedente de 1991. Pero ese proceso no nació solo de una decisión presidencial: fue el resultado de presión ciudadana, crisis institucional, acuerdos políticos y decisiones judiciales.
De la calle al decreto
A finales de los años ochenta, Colombia atravesaba una crisis marcada por la violencia del narcotráfico, el asesinato de líderes políticos y el desgaste de la Constitución de 1886. En ese contexto surgió la Séptima Papeleta, una iniciativa impulsada por estudiantes que proponía depositar un voto adicional en las elecciones de marzo de 1990 para pedir una Asamblea Constituyente.
Esa papeleta no hacía parte formal del tarjetón electoral. Sin embargo, se convirtió en una señal política difícil de ignorar. No fue un procedimiento ordinario ni plenamente previsto por la Constitución vigente, sino una forma de presión ciudadana que obligó al sistema político a responder.
El primer paso institucional lo dio el gobierno de Virgilio Barco, que expidió el Decreto 927 de 1990. Esa norma autorizó a la organización electoral a contabilizar los votos que se depositaran en las elecciones presidenciales de mayo sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional.
En esa consulta, el apoyo ciudadano a la convocatoria fue amplio. La idea ya no estaba solo en las universidades ni en la movilización social: había entrado al terreno de las decisiones estatales.
El papel de Gaviria
César Gaviria llegó a la Presidencia en agosto de 1990 con ese proceso en marcha. Su papel fue convertir esa presión ciudadana y política en una ruta de convocatoria. El punto clave fue el Decreto 1926 de 1990, expedido el 24 de agosto, que fijó el marco para elegir a los miembros de la Asamblea.
El decreto estableció que la elección de los constituyentes se realizaría el 9 de diciembre de 1990. También definió reglas sobre la composición, el periodo de sesiones y el mecanismo electoral. La Asamblea se instaló después con delegatarios de distintas fuerzas políticas, incluido el liberalismo, sectores conservadores, la Alianza Democrática M-19 y otros movimientos.
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La Corte Suprema de Justicia tuvo un papel decisivo. Al revisar los decretos, no cerró el camino de la convocatoria. Por el contrario, validó la posibilidad de que la expresión ciudadana se tradujera en una Asamblea, en medio de una situación excepcional de orden público e institucional.
Así, Gaviria no “inventó” la Constituyente ni la sacó únicamente desde el Ejecutivo. Lo que hizo fue administrar políticamente una coyuntura abierta por la Séptima Papeleta, darle forma jurídica mediante decreto y permitir que el proceso llegara a las urnas.
Una Constitución nueva
La Asamblea trabajó durante 1991 y el resultado fue la Constitución Política de 1991, que reemplazó la Carta de 1886. La nueva Constitución incorporó mecanismos de participación ciudadana, fortaleció el catálogo de derechos, creó instituciones como la Corte Constitucional y redefinió el equilibrio entre poderes.
Ese antecedente explica por qué la palabra “constituyente” conserva peso político en Colombia. En 1991 fue presentada como salida a una crisis acumulada y como intento de abrir el sistema político. Pero el contexto jurídico actual es distinto.
La Constitución vigente ya regula cómo se convoca una Asamblea Constituyente. El artículo 376 establece que el Congreso debe aprobar una ley para que el pueblo decida en votación popular si convoca la Asamblea, con competencia, periodo y composición definidos. Además, la convocatoria requiere el respaldo de al menos una tercera parte del censo electoral.
Por eso, cualquier intento actual de repetir el camino de 1991 enfrenta una diferencia central: la Constituyente de Gaviria nació bajo la Constitución de 1886 y en medio de una ruta excepcional; una nueva Asamblea tendría que moverse dentro de las reglas que dejó precisamente la Constitución de 1991.
