La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para establecer si hubo presunto daño fiscal en la ejecución de los recursos públicos destinados a atender los efectos del Fenómeno de La Niña 2010–2011, especialmente en las afectaciones registradas en La Mojana.
La decisión se adoptó tras una denuncia presentada por Angie Rodríguez, gerente encargada del Fondo Adaptación y directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien aseguró que, luego de una revisión exhaustiva, se identificaron resultados alarmantes en la ejecución de proyectos y en las rutas definidas por administraciones anteriores.
De acuerdo con el comunicado, la Contraloría evaluará de manera objetiva si los hechos denunciados podrían configurar un presunto daño fiscal y si existe mérito para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal por el manejo de los recursos asignados a la atención de la emergencia.
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Según el informe citado, el Fondo Adaptación habría registrado un nivel de ejecución presupuestal particularmente bajo en áreas clave para las comunidades, con una inversión que apenas alcanzaría el 3 %, lo que generaría el riesgo de que el Ministerio de Hacienda exija la devolución de cerca de 235 mil millones de pesos.
El documento también advierte retrasos en estudios y diseños considerados urgentes para iniciar obras de protección y soluciones definitivas en La Mojana, situación que afecta a más de 400.000 personas en 11 municipios de la región.
Adicionalmente, se cuestionan algunas inversiones que, según la actual administración del Fondo Adaptación, no contribuirían a una solución estructural de los problemas, entre ellas la plataforma MojanaIA, la Ruta del Arroz y estudios de investigación hidrodinámica.
La Contraloría reiteró que adelantará una o varias indagaciones preliminares para definir el alcance de los hechos y determinar si procede o no la apertura formal de un proceso de responsabilidad fiscal.
Procuraduría también investiga
A su vez, la Procuraduría abrió indagación previa “contra funcionarios por determinar del Fondo Adaptación, por presuntas irregularidades en varios contratos que tendrían una ejecución presupuestal del 0%”.
De acuerdo con la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, se trataría de los negocios jurídicos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del arroz, con montos que sumados superarían los $100 mil millones.
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El ente indicó que también se validarán las denuncian sobre posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades, para la adjudicación del contrato, en los que podría estar involucrada la Fundación San José y la supuesta interferencia a la interventoría para favorecer al contratista.
La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas.
