La Contraloría General de la República presentó un balance preliminar sobre el comportamiento de la contratación estatal entre el 1 y el 7 de noviembre de 2025, periodo inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
Según el organismo, en solo esos siete días se suscribieron $9 billones en contratación, cifra que supera ampliamente los promedios mensuales registrados durante 2025.
Un pico inusual el 7 de noviembre
El análisis, elaborado a partir de la información reportada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), identifica una concentración atípica de contratación interadministrativa el 7 de noviembre, último día permitido antes de las restricciones preelectorales regidas por la Ley de Garantías.
Ese día se comprometieron $6,1 billones, equivalentes al 68 % del total contratado en la primera semana del mes.
El valor registrado en un solo día equivale a 2,9 veces el promedio mensual entre enero y agosto de 2025 ($2,1 billones), lo que representa un incremento del 190 % frente al comportamiento usual.
Para la Contraloría, este comportamiento constituye un indicador de fallas en la planificación y de posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre previo al periodo de prohibiciones.
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¿Qué es la Ley de Garantías?
La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, restringe desde cuatro meses antes de las elecciones:
- La celebración de convenios interadministrativos, excepto para la ejecución de programas sociales ya en curso.
- El incremento de la planta de personal en entidades públicas.
- La participación de servidores públicos en actividades proselitistas.
Las limitaciones buscan prevenir que el Estado utilice la contratación o la ampliación burocrática con fines electorales.
Por ello, la semana previa a su entrada en vigencia suele registrar movimientos contractuales, aunque no del tamaño advertido en este informe.
Las entidades que más contrataron
Según los datos preliminares analizados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), el Departamento de Prosperidad Social (DPS) concentró el 8,5 % del total contratado en la semana, con compromisos por $770 mil millones.
La Contraloría señaló que continúa revisando la distribución territorial de los contratos y los rubros específicos, especialmente en actividades logísticas, suministros, eventos y modalidades susceptibles de aumento durante periodos preelectorales.
El organismo también informó que, junto con las delegadas sectoriales, adelanta un seguimiento preventivo al conjunto de contratos suscritos en septiembre, octubre y la primera semana de noviembre, con el fin de identificar operaciones sensibles, emitir alertas y garantizar que los recursos públicos se comprometan conforme a la normativa.
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Contexto electoral
Esta es la primera alerta pública que emite la Contraloría en el marco del proceso electoral de 2026, que incluye comicios legislativos y presidenciales. El organismo reiteró su compromiso con un control fiscal oportuno, orientado a prevenir desviaciones, fortalecer la transparencia y asegurar que las entidades públicas cumplan con los principios de planeación, eficiencia y legalidad en un momento especialmente sensible para la gestión presupuestal del Estado.
