Un estudio sectorial de la Contraloría General sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas concluye que solo una de las 34 instituciones analizadas logra cubrir su operación con ingresos propios. El documento, con corte 2019-2024, pone el foco en la dependencia de transferencias estatales, las diferencias entre regiones y el peso del pasivo pensional.
Un modelo atado a transferencias
La Contraloría señala que el sistema funciona, en buena parte, con recursos que llegan desde el nivel central. En el periodo revisado, el 50,1% de los ingresos provino de aportes nacionales. En la práctica, esto reduce el margen para planear a largo plazo, invertir en infraestructura o responder a aumentos de costos sin esperar nuevas partidas.
El informe usa una definición concreta de "autosostenibilidad": pagar costos y gastos operativos con recursos generados por la propia institución -por ejemplo, matrículas, servicios, proyectos de extensión o contratos de investigación- sin contar transferencias. Con ese criterio, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) aparece como la única que supera la prueba en el consolidado del sistema.
Brechas por estudiante y concentración de recursos
El reporte también describe una distribución desigual dentro del sistema. Cuatro instituciones (UNAL, UNAD, Universidad de Antioquia y Universidad del Valle) concentran una parte alta de los ingresos: 48% de los recursos nacionales y 37% de los territoriales, según las cifras divulgadas.
Esa concentración se refleja en los ingresos por estudiante. Para 2019-2024, el cálculo citado va desde $11.426.139 en la UNAL hasta $525.777 en la UNAD, frente a un promedio de $4.512.090. La Contraloría asocia esas diferencias con capacidades institucionales distintas y, de fondo, con brechas regionales que afectan docencia, bienestar e infraestructura.
El pasivo pensional, la presión más pesada
Otro hallazgo central es el tamaño del pasivo pensional. El estudio lo ubica en $10,3 billones para 2024 y advierte que podría crecer si varias universidades no actualizan los cálculos de cuánto costarán esas pensiones en el tiempo. Además, la carga se concentra: la Universidad Nacional y la Universidad del Valle sumarían más de la mitad del total.
Reforma a la Ley 30 y el costo fiscal
El informe se conoce mientras avanza el debate sobre la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que busca ajustar la fórmula de financiación. Allí aparece otra discusión: el impacto fiscal. Mientras el Ministerio de Educación proyecta $22,1 billones (2027-2040), la Contraloría estima $27,8 billones (2027-2036), con supuestos que incluyen costos adicionales. Para el órgano de control, cualquier ajuste debe venir con fuentes de financiación claras y verificables.
