La Defensoría del Pueblo advirtió que la respuesta del Estado frente a los riesgos electorales identificados en municipios vulnerables sigue siendo insuficiente, pese a las recomendaciones emitidas hace cuatro meses para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos de cara a las elecciones de 2026.
El pronunciamiento se da en el marco de la presentación del informe de seguimiento a la Alerta Temprana 013 de 2025, liderado por la defensora del Pueblo, Iris Marín. Según el documento, el Índice de Respuesta Estatal no supera el 65 % en la mayoría de los casos evaluados y, en algunas recomendaciones específicas, el avance es del 0 %.
Cuando se emitió la alerta, la Defensoría incluyó 257 municipios en Llamado a la Acción Ordinaria; 216 en Llamado a la Observación Permanente; 425 en Llamado a la Acción Prioritario; 162 en Llamado a la Acción Urgente; y 62 en Llamado a la Acción Inmediata. Sin embargo, el seguimiento evidencia un aumento en las categorías de mayor gravedad.
Los municipios en Llamado a la Acción Prioritario pasaron de 425 a 433; los de Acción Urgente, de 162 a 168; y los de Acción Inmediata, de 62 a 69, lo que refleja un deterioro en las condiciones de seguridad y garantías para la participación política.
Entre los puntos más críticos se encuentra la recomendación dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE) para asegurar el pago oportuno de la reposición de votos de 2023 como medida de fortalecimiento organizativo. De acuerdo con el informe, el avance es del 0 %, ya que no se ha presentado un cronograma de cumplimiento ni se han explicado las causas del retraso.
Asimismo, la recomendación a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), adscrita al Ministerio del Interior, para mejorar la articulación institucional y aplicar el Decreto 800 de 2025, registra un avance del 29 %.
En cuanto a las acciones solicitadas a la Fuerza Pública para acompañar los procesos electorales antes, durante y después de las votaciones, el cumplimiento alcanza el 65 %, cifra que la Defensoría considera insuficiente frente al contexto de riesgo.
La entidad atribuye este panorama a problemas de coordinación estatal. Según el informe, la falta de articulación entre instituciones está debilitando la gobernanza y limitando la capacidad de respuesta frente a amenazas que afectan la participación política, especialmente en zonas Citrep y territorios con presencia de actores armados ilegales.
Entre los riesgos identificados se mencionan las fallas en garantías de seguridad para candidaturas, amenazas contra líderes sociales y barreras en el acceso a la justicia para investigar y sancionar delitos electorales.
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Ante este escenario, la Defensoría formuló seis nuevas recomendaciones orientadas a fortalecer la coordinación de la respuesta rápida; garantizar medidas de disuasión y seguridad; prevenir y proteger a candidaturas y población en riesgo; impulsar la investigación y judicialización de delitos electorales; reforzar la participación y la confianza ciudadana; y mejorar los mecanismos de vigilancia y control institucional.
La entidad reiteró que el fortalecimiento de las garantías para el ejercicio de los derechos políticos es fundamental para la legitimidad democrática de las elecciones de 2026 y advirtió que el margen de tiempo para corregir las falencias identificadas es cada vez más reducido.
