La violencia armada en Colombia incorporó en poco tiempo un recurso que antes era marginal: drones adaptados para lanzar explosivos. Un consolidado de registros afirma que 2025 contabiliza 396 ataques con drones. No es un detalle menor: la cifra muestra que la tecnología ya no aparece como rareza, sino como parte del repertorio del conflicto.
Del primer ataque a una rutina de guerra
El punto de partida se ubica el 26 de abril de 2024 en el Batallón de Policía Militar Las Vegas, en Argelia (Cauca), hecho atribuido a la estructura Carlos Patiño. Desde ahí, la curva cambió rápido: lo que era excepcional pasó a repetirse con regularidad. En promedio, el registro sugiere un ritmo cercano a un ataque cada 1 día y 13 horas, con momentos de mayor intensidad en los que se roza 1,5 ataques diarios. Dicho de otra forma: ya no se trata de “eventos aislados”, sino de una práctica que se sostiene en el tiempo.
¿Qué revela sobre las dinámicas de la violencia?
El uso de drones introduce dos cambios visibles. Primero, la distancia: permite golpear sin exposición directa, bajando el riesgo inmediato para quien ataca. Segundo, la flexibilidad: un dron comercial modificado puede ajustarse a objetivos distintos según el momento, desde presión sobre la fuerza pública hasta acciones que buscan impacto psicológico en comunidades.
También cambia el “dónde”. Un caso reportado en El Plateado (Argelia), con civiles heridos y la muerte de un menor, dejó en evidencia que el riesgo no se queda en instalaciones militares. En la práctica, esta herramienta se adapta a la lógica del control territorial: castigar presencia estatal, disputar corredores, intimidar, o marcar dominio en zonas donde la confrontación ya existe.
Las cifras del salto
En 2024 se reportaron 115 ataques o incidentes con drones. En 2025, el aumento se volvió inocultable: para julio, ya se hablaba de 288 ataques en ese año, es decir, más del doble de todo 2024 (un incremento de alrededor de 150% frente al total anual previo), incluso sin contar el segundo semestre. Con la actualización del 14 de enero de 2026, el acumulado llegó a 396 ataques y 311 afectaciones.
En víctimas, el consolidado discrimina así: 1 civil asesinado y 43 civiles heridos; 16 militares asesinados y 207 militares heridos; 2 policías asesinados y 41 policías heridos. La lectura es clara: el impacto no es solo operativo, también es humanitario.
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Respuesta estatal y límites del antidron
La respuesta ha girado hacia tecnología antidron, entrenamiento y ajustes operacionales. El problema es estructural: la relación costo-beneficio favorece al atacante. Adaptar un dron suele ser barato; neutralizarlo de forma sostenida, caro y logísticamente complejo. Por eso, el indicador relevante en 2026 no será solo cuántos ataques ocurren, sino si se logran medidas de prevención, protección de infraestructura crítica y reducción del riesgo para comunidades, especialmente en los territorios donde esta modalidad ya dejó de ser novedad y empezó a funcionar como rutina.
