El Gobierno Nacional asumió el 51 % de la propiedad de la Nueva EPS, con lo cual se convierte en el accionista mayoritario de la aseguradora más grande del sistema de salud. El cambio accionarial se concretó después de que varias cajas de compensación familiar (Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco Valle, Comfenalco Antioquia y Comfandi) cedieran parte de su participación al Estado.
Con este movimiento, el Gobierno pasa de tener una participación minoritaria a tener control decisorio sobre una entidad que cubre a cerca de 11,5 millones de usuarios en todo el país.
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Una figura ya conocida: empresas mixtas bajo control estatal
Aunque la Nueva EPS opera como una sociedad de naturaleza mixta, el cambio de control no es un precedente aislado. El Gobierno ya tiene el dominio accionario en empresas mixtas como Ecopetrol, donde, pese a la presencia de inversionistas privados, el Estado conserva el control estratégico.
El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia a través de su cuenta en X, en medio de un debate público sobre la situación financiera y el nivel de pasivos de la EPS tras su intervención.
Una deuda creciente y en el centro del debate
La discusión se dio porque la Nueva EPS atraviesa un deterioro financiero significativo. Según cifras de la Contraloría, la deuda de la Nueva EPS ha aumentado de manera sostenida en los últimos dos años:
- 2023: $11,7 billones
- 2024: $18,3 billones
- Marzo de 2025: $21,3 billones
- Proyección diciembre 2025: $26,3 billones
Si se mantiene esta trayectoria, la Nueva EPS cerraría 2025 con un crecimiento acumulado cercano al 125 % en su nivel de deuda desde 2023. Parte del incremento corresponde a cuentas por pagar, cartera con prestadores y anticipos sin legalizar, rubros que han sido objeto de alertas por parte de la Contraloría.
Implicaciones para el sistema y para el Gobierno
El paso del Estado al 51 % abre varios frentes de observación:
- Gobernanza y operación: el Gobierno tendrá ahora mayoría en las decisiones estratégicas, incluidas inversiones, modelo de atención y política de pagos a prestadores.
- Responsabilidad fiscal: aunque la deuda de la EPS no se convierte automáticamente en deuda pública, cualquier inyección de recursos, saneamiento o capitalización sí tendría un impacto fiscal directo.
- Transición operativa: 11,5 millones de afiliados están pendientes de conocer cambios administrativos, asignación de servicios y continuidad de redes.
- Señal al sistema de salud: el movimiento ocurre en medio del debate sobre la reforma a la salud y el rol del Estado como asegurador y administrador del riesgo.
Por ahora, el Gobierno no ha informado cómo asumirá la administración de la entidad ni si planea un proceso de saneamiento financiero para estabilizar sus cuentas. Lo que sí advierten entidades de control es que la velocidad del deterioro financiero puede derivar en decisiones fiscales relevantes.
Expectativa por el anuncio oficial y los próximos pasos
Se espera que el Ministerio de Salud y la Presidencia entreguen en los próximos días la resolución formal, los detalles del nuevo esquema de gobierno corporativo y los lineamientos de transición.
Para los usuarios, la principal inquietud es la continuidad en la prestación del servicio y la estabilidad de la red de atención.
El cambio accionario marca un hito en el sistema de salud, pues el Estado pasa a controlar directamente la EPS más grande del país en un momento de tensión financiera del sector y de discusión sobre el alcance de la intervención pública.
