Después de más de dos décadas de incertidumbre y silencio, el caso que involucra al exciclista colombiano Luis Eduardo “Lucho” Herrera ha dado un giro inesperado con la reciente confirmación de la Fiscalía General de la Nación sobre la identificación de los restos de dos vecinos desaparecidos en Fusagasugá, Cundinamarca, en 2002. Este avance se suma a una investigación judicial en la que Herrera ha sido señalado por exparamilitares como presunto instigador de desapariciones forzadas, acusaciones que el exciclista ha negado rotundamente.
Los cuerpos identificados corresponden a Diuviseldo Torres Vega y Víctor Manuel Rodríguez Martínez, dos vecinos del exciclista en Fusagasugá, quienes desaparecieron en medio del conflicto armado colombiano, un periodo marcado por la presencia activa de grupos paramilitares en la región.
Los restos fueron exhumados en 2017 en zonas con fuerte influencia paramilitar y conservados en depósitos de la Fiscalía, donde permanecieron por al menos ocho años antes de que se realizaran los análisis genéticos que confirmaron su identidad.
La Fiscalía, a través de un equipo especializado en genética forense, tomó muestras de ADN a familiares de cuatro personas desaparecidas en la misma zona y periodo, permitiendo esclarecer que al menos dos de esos cuerpos corresponden a vecinos de Herrera. Este hallazgo representa un paso fundamental en los procesos de verdad y reparación para las familias afectadas, que han esperado respuestas durante más de veinte años.
La defensa de Lucho Herrera
El caso cobró notoriedad cuando exparamilitares involucrados en el conflicto señalaron a Lucho Herrera como presunto instigador de las desapariciones forzadas.
Según la Fiscalía, las evidencias y testimonios apuntan a que las víctimas fueron asesinadas por grupos paramilitares que operaban en Fusagasugá a principios de los 2000, pero aún se desconoce la participación exacta del exciclista.
El 5 de junio de 2025, Herrera se presentó ante la Fiscalía para rendir una versión libre, procedimiento que permite a una persona dar su testimonio sin estar formalmente vinculada al proceso como investigado. Su abogado, Hernando Benavides Morales, fue cauteloso en sus declaraciones y confirmó que Herrera negó cualquier vínculo con las estructuras paramilitares y con los crímenes en cuestión.
En un comunicado oficial, Herrera afirmó ser víctima de “extorsiones, chantajes emocionales e intimidaciones” por parte de grupos delincuenciales que, según él, buscan involucrarlo injustamente en estos hechos. Además, aseguró estar dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer la verdad.
La desaparición forzada es una de las heridas más profundas del conflicto armado en Colombia, y casos como el de los vecinos de Lucho Herrera simbolizan el drama de miles de familias que hasta hoy esperan justicia y memoria. La identificación de los restos y la posibilidad de esclarecer lo ocurrido son pasos claves para la reparación integral a las víctimas y para avanzar en la reconciliación nacional.
El hallazgo también es un recordatorio de la compleja red de violencia que involucró no solo a actores armados ilegales, sino también a civiles y figuras públicas que podrían haber estado implicados, directa o indirectamente, en estos hechos.
¿Qué viene en la investigación?
Actualmente, la Fiscalía continúa con la revisión de otros restos en depósitos forenses del país para determinar si corresponden a los otros dos desaparecidos vinculados al caso. Aunque Herrera aún no es considerado un sujeto procesal en esta investigación, su situación legal podría cambiar dependiendo de nuevas evidencias y testimonios que la Fiscalía obtenga.
Este proceso forma parte de una estrategia más amplia de la Fiscalía para recuperar la memoria histórica y avanzar en los procesos judiciales por los crímenes del conflicto armado, una tarea que requiere de la colaboración de expertos forenses, familiares de las víctimas y la sociedad en general.
La noticia ha generado conmoción y expectativa en Fusagasugá y en el país, no solo por la gravedad de las acusaciones contra una figura pública como Herrera, sino también por el impacto emocional para las familias afectadas. Muchas esperan que este avance impulse un esclarecimiento completo y permita cerrar heridas abiertas hace más de veinte años.
