La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Fiscalía General de la Nación confirmaron la emisión de una circular roja en contra de Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana venezolana señalada de tener participación en el homicidio de Jaime Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido tras una fiesta de Halloween en Bogotá.
De acuerdo con las autoridades, la circular fue solicitada por el ente acusador luego de establecer que Fernández habría salido del país en las últimas semanas y que, según información recopilada durante la investigación, se encontraría actualmente en Venezuela. La notificación internacional busca facilitar su ubicación y captura con fines de extradición, en caso de ser localizada fuera del territorio colombiano.
Fernández fue identificada por investigadores del caso como la mujer que vestía un disfraz azul la noche de los hechos. Su presencia y comportamiento quedaron registrados en varias grabaciones analizadas por la Fiscalía, las cuales, según los representantes legales de la familia Moreno, la ubican en los momentos previos a la agresión que terminó con la vida del joven de 20 años.
Desde el inicio del proceso judicial, la familia de Jaime Moreno insistió en la necesidad de que Fernández fuera vinculada formalmente a la investigación y puesta a disposición de las autoridades. Los abogados de las víctimas han sostenido que existen elementos suficientes para establecer su presunta responsabilidad, no solo por su presencia en el lugar, sino por su conducta antes y después del ataque.
Tras el homicidio, la ciudadana extranjera fue inicialmente detenida junto a otras personas, pero posteriormente quedó en libertad. Sin embargo, la defensa de la familia Moreno asegura que durante esa diligencia Fernández incurrió en varias contradicciones y habría entregado información de ubicación que no coincidía con otros elementos probatorios. Adicionalmente, las autoridades señalaron que la mujer se encontraba en situación migratoria irregular en Colombia al momento de los hechos.
Estos señalamientos coinciden con lo expuesto por la fiscal que adelantó la judicialización de Ricardo González, segundo capturado dentro de este proceso. Durante la audiencia, la funcionaria explicó que, aunque dos mujeres inicialmente retenidas fueron dejadas en libertad, su comportamiento sigue siendo objeto de análisis dentro de la investigación penal.
La fiscal indicó que ambas mujeres habrían tenido un posible rol como instigadoras o determinadoras del ataque, aun cuando no participaron directamente en la agresión física. “Estas personas no participaron en los golpes físicos, pero no quiere decir que no tuvieran alguna intervención en el hecho. En este caso estuvieron presentes cuatro personas”, afirmó durante la diligencia judicial.
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Finalmente, la Fiscalía reiteró que la investigación no se limita únicamente a quienes ejecutaron materialmente el ataque, sino también a quienes pudieron influir, facilitar o contribuir a que este se produjera. El ente acusador no descarta nuevos preacuerdos ni más capturas en el desarrollo del caso, que ha generado amplia conmoción en la comunidad universitaria y en la opinión pública.
