En un video presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc-EP reconocieron su responsabilidad por el reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado y pidieron perdón a las víctimas y a la sociedad.
El pronunciamiento fue conocido este 2 de marzo de 2026 en el marco del Caso 07, que investiga estos crímenes. Los comparecientes —Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo— fueron llamados a reconocer su máxima responsabilidad por cinco patrones macrocriminales relacionados con el reclutamiento de menores y violencias cometidas en su contra.
En su declaración, aceptaron no solo el reclutamiento, incluso de menores de 15 años, sino también los malos tratos, torturas, homicidios, violencias sexuales, reproductivas y basadas en prejuicio que ocurrieron al interior de la organización. Además, expresaron su disposición a avanzar en encuentros restaurativos con las víctimas.
La dimensión de los crímenes
La Sala de Reconocimiento documentó que estos hechos ocurrieron de manera masiva y sistemática entre 1971 y 2016, con un universo estimado de 18.677 víctimas. De ese total, el Caso 07 cuenta actualmente con más de 11.000 víctimas acreditadas, entre ellas 2.000 víctimas individuales y 9.027 víctimas étnicas agrupadas en seis colectivos.
Entre estos se encuentran los pueblos indígenas Koreguaje, Hitnü, Barí, Sikuani y Cubeo, así como el pueblo afrocolombiano representado por Consafro. Según la JEP, en estos casos las violencias no solo afectaron a las personas reclutadas, sino que agravaron el riesgo de extinción física y cultural de las comunidades.
La Sala también recordó que, pese a la magnitud de los hechos, durante años existió un bajo nivel de judicialización en la justicia ordinaria. Registros oficiales daban cuenta de apenas 387 investigaciones y 45 sentencias, cinco de ellas absolutorias, antes de la creación de la JEP.
Ruta restaurativa y centralidad de las víctimas
La Sala de Reconocimiento acogió las manifestaciones de perdón como una muestra de voluntad dentro del proceso dialógico y restaurativo que rige esta jurisdicción. Sin embargo, precisó que este no es un punto final, sino el inicio de posibles encuentros directos entre comparecientes y víctimas que deseen participar.
Actualmente, la Sala estudia las observaciones presentadas por las víctimas acreditadas, el Ministerio Público y los propios comparecientes, conforme a lo dispuesto en el Auto 05 de 2024. Además, anunció que próximamente determinará la responsabilidad de mandos regionales que también habrían participado en estos hechos.
- Le puede interesar: Alerta por posible atentado suspende visita de Fico y Rendón a Hidroituango
El proceso contempla un enfoque diferencial y medidas especiales de protección, dado que muchas víctimas hoy son adultas que fueron reclutadas siendo niñas o niños, y otras son familiares de menores que permanecen desaparecidos. En articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se busca establecer el paradero de 485 menores que no regresaron a sus hogares.
La JEP reiteró que la justicia restaurativa exige verdad plena, reconocimiento y acciones concretas de no repetición. En ese sentido, subrayó que el conocimiento de estas violencias y el reconocimiento de los daños constituyen un paso hacia la garantía de que la niñez en Colombia no vuelva a ser utilizada en la guerra.
