Colombia abrió 2026, año de elecciones, con un dato que volvió a encender alertas: los grupos armados ilegales cerraron 2025 con más de 27.000 integrantes y un crecimiento anual de 23,5%, según un balance de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). El reporte también describe más confrontaciones, ataques y presión humanitaria en varios territorios.
Un aumento de personal que reordena el riesgo
El punto de partida es el crecimiento sostenido de estas estructuras en un solo año. La FIP estima que, entre combatientes y redes de apoyo, más de 5.000 personas se sumaron en 2025 a los grupos armados ilegales. Es un salto que no se explica solo por “picos” de violencia: habla de una capacidad de reclutamiento que sigue activa.
En esa expansión, el informe ubica al Clan del Golfo como el actor que más incrementó su pie de fuerza, con cerca de 2.300 nuevos miembros. Detrás aparecen el ELN y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. La lectura del reporte es que el aumento de acciones de la Fuerza Pública no se tradujo, de manera clara, en una mejora de seguridad en los territorios donde se concentraron grandes operaciones.
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Más disputas, más presión territorial
La FIP conecta el crecimiento de integrantes con una dinámica territorial más intensa. Según el balance, 2025 fue el año con más disputas armadas de la última década, con un aumento de 34% en enfrentamientos entre grupos. El impulso habría venido de rupturas internas, nuevas alianzas y la competencia por rutas y economías ilegales.
En el mismo sentido, la fundación señala que existirían al menos 13 zonas en disputa activa, casi el doble de las registradas al inicio del Gobierno en 2022. Ese mapa de competencia suele traer consecuencias prácticas: restricciones de movilidad, controles de facto, cobros ilegales y cambios en la vida cotidiana de comunidades enteras.
Drones y deterioro humanitario
Un elemento que la FIP resalta como diferencial es el uso de drones con explosivos. Con base en datos atribuidos a la Fuerza Pública, el informe registra 277 ataques con drones en 2025, más del doble que en 2024 (119), con la mayoría de casos atribuidos al EMC. En paralelo, el reporte registra alzas en agresiones con impacto directo: ataques contra infraestructura y bienes civiles (+58%) y contra la Fuerza Pública (+62%) frente a 2024.
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La dimensión humanitaria aparece como una consecuencia que no se queda en cifras de “orden público”. La FIP reporta que el desplazamiento forzado aumentó 85% en 2025 y vincula parte importante de esa variación a la crisis del Catatumbo, que habría obligado a 92.000 personas a salir de sus hogares. También señala un incremento de 133% en secuestro, con rasgos más urbanos y ligados a extorsión.
Año electoral y garantías
El informe se publica con el telón de fondo de las elecciones de 2026, en las que la seguridad suele incidir en campañas, liderazgos locales y participación. En esa línea, la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana Electoral 2025-2026, advierte que las dinámicas de disputa y control territorial de grupos armados ilegales pueden afectar derechos y libertades políticas durante el ciclo electoral, desde la inscripción de candidaturas hasta la votación y la posesión. El mensaje de fondo es claro: el año arranca con grupos más grandes, disputas más activas y costos humanitarios más altos.
