La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios implicados en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, cuyo objetivo era dotar de internet a escuelas rurales del país.
De acuerdo con el ente acusador, los bienes afectados están valorados en más de 65.900 millones de pesos y corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
Bienes vinculados a los implicados
Según la información oficial, las propiedades pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares. Los elementos materiales probatorios recaudados en el proceso indican que estos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas detectadas en la ejecución del contrato y del anticipo entregado de manera irregular a la Unión Temporal Centros Poblados.
La Fiscalía señaló que la investigación permitió establecer que parte del patrimonio afectado estaría relacionado directamente con los dineros públicos desviados del proyecto, el cual contemplaba la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
Bien de la exministra Karen Abudinen
Adicionalmente, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, se aplicó una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
Este embargo se adoptó como parte de las actuaciones encaminadas a garantizar la recuperación de los recursos públicos comprometidos en el proyecto, que se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del sector tecnológico en Colombia.
Protección de los recursos públicos
Las medidas fueron impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y tienen un carácter exclusivamente jurídico. Según la Fiscalía, su finalidad es proteger y recuperar los dineros públicos involucrados en la ejecución del contrato, ante la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados.
El ente investigador explicó que las decisiones se adoptaron bajo las causales de equivalencia, mezcla y destinación, al establecerse que los recursos de origen ilícito habrían sido combinados con bienes de procedencia lícita.
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Uso de sociedades para cometer irregularidades
La investigación también evidenció el uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados como instrumentos para la comisión de las irregularidades. De acuerdo con la Fiscalía, estas estructuras habrían sido utilizadas para facilitar el manejo y ocultamiento de los recursos obtenidos de manera irregular.
Con estas medidas cautelares, la Fiscalía busca avanzar en el proceso de extinción del derecho de dominio y reforzar las acciones judiciales para recuperar los dineros públicos comprometidos en un proyecto que tenía como propósito reducir la brecha digital en zonas rurales del país y que terminó envuelto en un caso de corrupción de alto impacto nacional.
