El Gobierno Nacional logró concertar una ruta de atención integral para jóvenes judicializados durante la protesta social y sus familias, tras varios días de diálogo entre entidades del Estado y voceros de los manifestantes. El acuerdo permitió poner fin a una protesta pacífica que se desarrollaba frente al Ministerio de Justicia y del Derecho.
El proceso fue liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, el INPEC, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades del orden nacional. También participaron el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Departamento para la Prosperidad Social y la Unidad Nacional de Protección.
La construcción de esta ruta fue resultado de tres días de mesas de trabajo, en las que se desarrolló un ejercicio de escucha activa y concertación entre las partes. Según el Ministerio de Justicia, este espacio permitió identificar las principales necesidades de los jóvenes judicializados y avanzar en soluciones concretas.
El acuerdo contempla una serie de acciones orientadas a garantizar derechos fundamentales y mejorar las condiciones de esta población. Entre los puntos incluidos se destacan medidas en materia de salud, acceso a la educación, seguridad, sostenibilidad económica y restablecimiento de derechos. Asimismo, se abordaron temas relacionados con la situación de las personas privadas de la libertad.
El proceso contó con el acompañamiento de organismos internacionales y actores independientes, como la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA). También participaron como observadores el padre Javier Giraldo y el excomisionado de paz Danilo Rueda.
Desde el Gobierno destacaron que este resultado evidencia la importancia del diálogo institucional como herramienta para la resolución de conflictos sociales. “Este proceso demuestra que el diálogo es el camino para transformar tensiones, fortalecer la confianza ciudadana y avanzar en la garantía efectiva de derechos”, señaló el Ministerio de Justicia.
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La definición de esta ruta permitió levantar la protesta que los jóvenes mantenían frente a la sede de la cartera, luego de que se establecieran compromisos claros y mecanismos de seguimiento a las solicitudes planteadas.
En adelante, las entidades involucradas continuarán con mesas técnicas para hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos y garantizar su cumplimiento. El objetivo será traducir los compromisos en acciones concretas que impacten de manera directa a los jóvenes y sus familias.
Este avance se da en un contexto en el que el país sigue enfrentando desafíos relacionados con la gestión de la protesta social y la protección de los derechos humanos, por lo que el resultado de este diálogo es visto como un paso relevante hacia la construcción de soluciones institucionales.
