El presidente Gustavo Petro ordenó suspender el envío de comunicaciones y otros tratos entre las agencias de inteligencia de la fuerza pública colombiana y las agencias de seguridad de Estados Unidos.
La decisión, que se mantendrá mientras continúen los ataques con misiles a presuntas narcolanchas en el Caribe, abre un debate sobre las consecuencias que podría tener para la seguridad nacional, la cooperación internacional y la lucha contra el narcotráfico.
Un quiebre en un pilar de la lucha antidrogas
Durante décadas, la relación en materia de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos ha sido un componente esencial en la estrategia contra el narcotráfico. Los acuerdos de cooperación han permitido el intercambio de información sobre rutas, embarcaciones y estructuras criminales transnacionales que operan en el Caribe y el Pacífico.
Sin embargo, la orden del presidente Petro podría frenar ese flujo de información clave. Según fuentes de inteligencia consultadas, la suspensión afectará directamente la coordinación de operaciones conjuntas que permiten interceptar cargamentos de droga antes de que salgan del territorio colombiano.
“Colombia no solo pierde apoyo logístico y tecnológico, sino también el acceso a información sensible sobre organizaciones criminales internacionales”, explicó un alto oficial retirado del Ejército.
Riesgos para la seguridad nacional
Para el internacionalista César Niño, la medida tiene implicaciones “profundas y preocupantes” en materia de seguridad nacional.
“La información que comparten las agencias colombianas con Estados Unidos es la base sobre la que se planifican muchas operaciones. Suspenderla deja a Colombia sin una parte esencial de la inteligencia estratégica que proviene de potencias extranjeras”, señaló.
El experto agregó que esta decisión no solo limita la capacidad del Estado colombiano para anticipar amenazas, sino que también podría aumentar la vulnerabilidad frente a redes del crimen organizado que operan en las fronteras, los litorales y las rutas de narcotráfico.
Efectos diplomáticos y económicos
El analista político Carlos Andrés Arias considera que la decisión del mandatario colombiano “profundiza el aislamiento diplomático” y deteriora la relación bilateral con Estados Unidos.
“El presidente Petro insiste en un discurso soberanista y nacionalista que puede tener efectos internos, pero que erosiona la confianza internacional. EE. UU. sigue siendo el principal socio político, económico y de seguridad de Colombia”, advirtió.
Según Arias, este tipo de decisiones “tienen costos más allá del ámbito militar”. Una reducción en la cooperación podría impactar programas de asistencia técnica, financiamiento para la lucha contra el narcotráfico y apoyo en operaciones de control marítimo.
El contexto internacional del anuncio
La medida de Petro se da en medio de la polémica por los ataques estadounidenses a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, en los que, según el mandatario, han muerto 69 personas. El presidente ha cuestionado públicamente lo que considera “ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”.
Sin embargo, Washington no ha emitido una respuesta oficial a la decisión del Gobierno colombiano. En los círculos diplomáticos, la medida es vista como una señal de distanciamiento de Bogotá frente a la política de seguridad de Estados Unidos.
Expertos prevén pérdida de capacidades estratégicas
El abogado Andrés Jiménez, exdelegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, indicó que “esta suspensión puede tener tres lecturas: política, operativa y jurídica”. En lo político, dijo, “profundiza el aislamiento del Gobierno colombiano”; en lo operativo, “limita las capacidades del país para anticipar movimientos del narcotráfico”; y en lo jurídico, “fortalece el argumento de Estados Unidos de que las políticas de Petro debilitan la lucha contra el crimen organizado”.
A su juicio, “mientras EE. UU. mantendrá su vigilancia aérea y marítima, Colombia se queda sin una base de información que le permitía planear de forma más eficiente”.
Un giro que redefine la cooperación internacional
El abogado y experto en derecho internacional Wilfredo Robayo subrayó que “no cooperar jurídicamente puede no tener consecuencias inmediatas, pero sí genera impactos políticos y económicos para el país más débil”. “Colombia depende en buena parte de esa cooperación para mantener su posición dentro de la red internacional de seguridad. Romperla, aunque sea temporalmente, puede disminuir la credibilidad del país frente a otros aliados”, explicó.
Conclusión: un nuevo escenario de incertidumbre
La suspensión de cooperación en inteligencia marca un punto de inflexión en la relación bilateral con Estados Unidos. Si bien el presidente Petro argumenta que se trata de una decisión soberana basada en la defensa de los derechos humanos, los expertos coinciden en que el costo para la seguridad y la política exterior colombiana podría ser alto.
En medio de un contexto regional de creciente criminalidad y tráfico ilícito, el país deberá definir hasta qué punto puede sostener una política de independencia sin comprometer su capacidad para enfrentar las amenazas que trascienden sus fronteras.
