La temporada de lluvias no da tregua en el departamento del Chocó, donde las precipitaciones de los últimos días han generado múltiples emergencias en 18 municipios de las cinco subregiones. Entre los más afectados se encuentran Boraudo-Lloró, Alto Baudó, Istmina y Belén de Bajirá, según informó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi.
“En este momento comienza sesión extraordinaria del Comité Departamental de Gestión del Riesgo y se estructura articulación territorial en los tres niveles de respuesta UNGRD”, señaló la mandataria regional.
Autoridades coordinan respuesta y reasentamientos
De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se mantiene un monitoreo constante sobre la emergencia, que en el mes de octubre ha dejado cerca de 30.000 familias afectadas.
“La Unidad, junto con otras instituciones del Estado, garantizó 30.000 millones de pesos para el plan de reasentamiento en el departamento del Chocó, que incluye al corregimiento de Boraudo, en Lloró. Este convenio con el Fondo Adaptación cuenta con la participación del Ministerio de Vivienda y la Gobernación del Chocó, con el objetivo de sumar capacidades”, explicó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
Preocupación de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el confinamiento de comunidades en municipios como Bojayá, Alto Baudó y Bajo Baudó, donde el nivel de riesgo y vulnerabilidad ha aumentado.
El organismo hizo un llamado a las autoridades locales para activar planes de contingencia y medidas preventivas, especialmente en esta última parte del año.
Asimismo, alertó que 26 municipios permanecen bajo alertas roja y naranja por amenazas de deslizamientos, por lo que insistió en la necesidad de una acción coordinada y efectiva para mitigar los riesgos.
Derechos en riesgo
La emergencia, advirtió la Defensoría, está vulnerando derechos fundamentales de la población chocoana, entre ellos el acceso a la vida, la integridad, la educación, la vivienda, la alimentación y el trabajo, lo que exige una atención humanitaria prioritaria y sostenida.
