La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lanzó una advertencia el Gobierno Nacional por los asesinatos de excombatientes de las Farc que han ocurrido desde la firma del Acuerdo de Paz.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP impuso medidas cautelares colectivas a los exguerrilleros que están sometidos a la jurisdicción.
La medida se tomó luego de constatar que, pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales (más de 200 comparecientes han sido asesinados), fenómeno que ha sido suficientemente documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc.
Por esa situación, la JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la Unidad Nacional de Protección llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil.
Estas medidas se toman luego de que la JEP evaluó en dos audiencias la grave condición de seguridad y las razones que llevaron a efectuar el traslado de las familias de excombatientes asentados en Ituango hacia el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.
La JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz realizar gestiones necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político Farc, según lo establece el Decreto 895 de 2017, por lo que debe convocar a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep).
De igual forma, le dio al Alto Comisionado para la Paz un término para remitir los Lineamientos y el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales.
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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, además, le ordenó al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para definir las medidas de protección que correspondan frente a solicitudes con análisis de riesgo, así como identificar y gestionar con celeridad lo necesario para la formulación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.
