Durante los últimos años, el nombre de Marienela Cabrera Mosquera ha circulado con intensidad en redes sociales, titulares y debates públicos. La jueza penal del Circuito de Florencia, que en 2022 empezó a ganar reconocimiento por aparecer en TikTok bailando y creando contenido frecuente, vuelve a estar en el centro de la discusión nacional. Esta vez, lo que comenzó como una serie de quejas por sus publicaciones terminó formalizándose en un pliego de cargos por falta grave a título de dolo, formulado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá.
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Las primeras alarmas se encendieron cuando ciudadanos denunciaron que la jueza difundía videos considerados “sugestivos” o “provocativos”, cuestionando si esa exposición era compatible con la solemnidad exigida al cargo judicial. También afirmaron que Cabrera estaría destinando tiempo laboral a la grabación de estos contenidos, contrariando la obligación de dedicación exclusiva establecida en el artículo 153, numeral 18, de la Ley 270 de 1996.
Estas quejas dieron pie a una investigación que avanzó de manera silenciosa durante meses, hasta que finalmente la Comisión disciplinaria decidió formular cargos, sustentados en un análisis exhaustivo del material publicado por la funcionaria.
Las pruebas clave contra la jueza Cabrera
La Comisión realizó una inspección judicial a la cuenta de TikTok de la jueza y descargó 658 videos e imágenes, registrados entre febrero de 2022 y diciembre de 2024. Según el informe, producir esa cantidad de contenido, 110 videos por año, en promedio uno cada dos días hábiles, sería incompatible con el nivel de exclusividad que requiere la función judicial.
Dentro del material recopilado, 79 videos o fotos contenían imágenes o poses que, según la Judicatura, resaltaban partes del cuerpo de la jueza o mostraban acciones de carácter sugestivo. Esa conducta, afirmaron, vulneraría la mesura, ética y dignidad del cargo, afectando la confianza pública.
Aunque la jueza y algunos testigos negaron que grabara en horas laborales, otros funcionarios identificaron escritorios y mobiliario de al menos dos despachos judiciales en cinco videos publicados en la plataforma.
En varios videos, Cabrera usó palabras como “juez”, “jueces”, “juzgado” o “audiencia”, y en algunos aparecía vistiendo la toga, lo que, según la Comisión, reforzaba la impropiedad del contenido al relacionarlo directamente con su rol institucional.
Los cargos que enfrentará la jueza
La Comisión determinó que la funcionaria habría:
- Incumplido la dedicación exclusiva a su labor judicial (Ley 270/96, art. 153-18).
Incursionado en conductas prohibidas por el artículo 154, numeral 6, que impide realizar actividades que comprometan la confianza o la dignidad de la administración de justicia.
Por ello, se emitió un auto interlocutorio, firmado por el magistrado Manuel Enrique Flórez, llamando a juicio disciplinario.
El caso pasará ahora al Reparto, para asignar un funcionario de juzgamiento, conforme al artículo 225 de la Ley 1952/19, modificado por la Ley 2094/21.
La defensa de la jueza: “Es indigno”
Cabrera ha cuestionado públicamente el proceso. En una entrevista aseguró haber enfrentado múltiples irregularidades y señaló que su desempeño laboral desmiente cualquier señalamiento de negligencia.
Afirmó que su índice de evacuación de procesos fue del 137% a diciembre de 2024, y que incluso suele trabajar más allá de su jornada legal. Sobre su rutina de grabación, explicó que publica 3 o 4 videos semanales, muchos hechos rápidamente en su vehículo o durante los fines de semana.
Pero la jueza fue más allá: denunció un enfoque sexista en la investigación. Según relató, se usó una captura de pantalla de un video donde se le ve con blusa escotada para pedir reconocimiento a testigos, algo que calificó como “indigno”:
“Una mujer no puede ser reconocida por sus senos. Yo soy más que eso; soy una historia de vida y de superación”.
Aunque varios funcionarios testificaron que jamás la vieron grabar durante audiencias o afectar la prestación del servicio, la Comisión concluyó que existe una probable falta grave. El juicio disciplinario definirá si las actuaciones de la jueza constituyen violaciones éticas o si, como ella afirma, todo se trata de una persecución con sesgos de género.
Lo cierto es que el caso de Marienela Cabrera vuelve a poner sobre la mesa un debate más amplio: ¿hasta dónde llega la vida privada de un funcionario judicial en tiempos de redes sociales?
