La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar a cinco congresistas y a un excongresista por el delito de cohecho impropio dentro de la investigación relacionada con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En la decisión, adoptada en sesión extraordinaria, el alto tribunal ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte.
La Sala también se pronunció dentro del proceso contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continuarán vinculados a la investigación en libertad.
Investigación por presuntas dádivas a cambio de avales a créditos
De acuerdo con la Corte, los hechos investigados se habrían registrado durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso.
Según el proceso, los congresistas habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar favorablemente operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
La investigación señala además que, en varias reuniones, se habría acordado que la contraprestación consistiría en impulsar contratos y obras de interventoría vinculadas con tres proyectos de la UNGRD en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
En dichos encuentros, documentados por la Sala, se habrían definido montos con los que representantes del Ejecutivo presuntamente beneficiarían a los congresistas para comprometer su función dentro de la comisión.
Para el alto tribunal, el material probatorio recolectado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron incurrir en el delito de cohecho impropio.
Recién reelegidos y con riesgo de perder la curul
La decisión judicial se conoce pocos días después de que Wadith Manzur y Karen Manrique fueran reelegidos en las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo, lo que añade un nuevo componente político al caso.
Con la medida de aseguramiento en su contra y el avance del proceso judicial, ambos congresistas podrían enfrentar la suspensión de sus funciones e incluso la eventual pérdida de su curul en el Congreso si las investigaciones derivan en una condena o en sanciones disciplinarias relacionadas con los hechos.
La Corte Suprema notificará al Congreso de la República la decisión para que se proceda con la suspensión de los investigados del ejercicio de sus cargos mientras avanza el proceso.
Una vez la decisión quede en firme, el expediente será enviado a la Sala Especial de Primera Instancia, que continuará con el trámite judicial del caso.
