El menor de edad implicado en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue presentado este martes ante un juez penal para adolescentes. En la audiencia de judicialización, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El adolescente no aceptó los cargos.
El hecho ocurrió el pasado sábado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, cuando el congresista del Partido Centro Democrático lideraba un encuentro comunitario en un parque público. Según las investigaciones preliminares, el joven, de apenas 15 años, se habría camuflado entre los asistentes para acercarse por la espalda y disparar contra el político, provocándole una grave herida en la cabeza.
La fiscal del caso, adscrita a la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá, presentó ante el juez los elementos materiales probatorios recaudados durante la etapa de actos urgentes. Entre ellos se destacan videos de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y el arma de fuego incautada, una pistola tipo Glock calibre 9 milímetros, que estaba en poder del menor al momento de su captura.
Captura en flagrancia y medida judicial
En su intento de fuga, el adolescente fue alcanzado por los escoltas de Uribe, resultando herido en una de sus extremidades. La aprehensión se dio en flagrancia, a pocos metros del lugar del atentado. Las autoridades aseguraron que el menor también disparó contra los agentes de seguridad durante la persecución.
El juez penal de adolescentes que conoció el caso determinó imponerle medida de internamiento preventivo en un centro especializado, medida cautelar que se mantendrá mientras avanza el proceso judicial en su contra. El joven ya fue trasladado al búnker de la Fiscalía, donde permanece bajo custodia y vigilancia de las autoridades.
La revelación del perfil del presunto sicario ha causado conmoción nacional. Se trata de un adolescente que, según información policial y del Gobierno, quedó huérfano de madre desde muy pequeño y vive sin la presencia del padre, quien reside en el extranjero. El menor estaba al cuidado de una tía materna en la localidad de Engativá.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso, indicando que el joven ya había sido identificado por programas sociales del Distrito debido a su comportamiento conflictivo. Fue incluido en la iniciativa "Jóvenes en Paz", pero abandonó el proceso después de dos meses, sin asistir a clases ni mostrar avances significativos en su proceso de reintegración.
Investigación en curso: autores intelectuales y red criminal
La Fiscalía continúa con las indagaciones para establecer quiénes estarían detrás del atentado y si el joven fue instrumentalizado por redes de crimen organizado. Un aspecto clave de la investigación es determinar el grado de autonomía del menor en la ejecución del ataque y si actuó bajo órdenes directas de terceros.
Una de las piezas que podrían arrojar luz sobre estos aspectos es la mujer que habló con el menor minutos antes del atentado, quien ya se entregó a las autoridades y está colaborando con la justicia. También se adelantaron allanamientos en la vivienda del adolescente, como parte de la recolección de pruebas que permitan desentrañar la estructura criminal detrás del ataque.
Con la medida de internamiento preventivo ya decretada, el proceso entra ahora en su fase de juicio. El menor, pese a la gravedad de los hechos, no puede ser juzgado como adulto, por lo que enfrentaría una pena máxima de 8 años de privación de libertad en un centro para adolescentes, conforme al Código de Infancia y Adolescencia.
