El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado sábado 7 de junio de 2025, ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre los programas sociales del Gobierno Nacional, específicamente Jóvenes en Paz, iniciativa promovida por el presidente Gustavo Petro y liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad.
El hecho de que uno de los atacantes, un menor de 14 años, hubiese estado vinculado a dicho programa, aunque por un corto período, ha generado interrogantes sobre su efectividad y alcances reales.
¿En qué consiste el programa Jóvenes en Paz?
De acuerdo con información oficial de Prosperidad Social y declaraciones del propio presidente Petro, Jóvenes en Paz es un programa que busca implementar rutas de atención integral para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, especialmente aquellos inmersos en contextos de violencia, pobreza extrema o riesgo de reclutamiento por parte de bandas criminales.
El objetivo central del programa es alejar a estos jóvenes de dinámicas delictivas y ofrecerles alternativas educativas, laborales y psicosociales. A quienes cumplen con los compromisos del programa, como la asistencia a clases, talleres y actividades comunitaria, se les entrega una transferencia económica de hasta un millón de pesos mensuales.
No obstante, como lo reconoció el mismo jefe de Estado este 9 de junio, el menor implicado en el ataque a Uribe “duró dos meses, no asistió a ninguna clase y se retiró voluntariamente”.
Según Petro, los profesionales del programa detectaron una “personalidad conflictiva” y una evidente incapacidad de establecer vínculos sociales, lo que dificultó su proceso de integración.
Un joven en situación límite
El perfil del menor, revelado por autoridades distritales y nacionales, muestra una historia de abandono y exclusión. Con solo 14 años, había dejado de asistir al colegio, había perdido a su madre hace una década y su padre no reside en Colombia. Vivía bajo el cuidado de otros allegados y, en los días previos al atentado, su caso ya había sido identificado como de alto riesgo por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).
Javier Palacios, director de Idipron, explicó que su entidad se contactó con el menor el pasado 26 de mayo, es decir, solo 12 días antes del atentado, al activarse una alerta por habitabilidad en calle. Se le ofreció una oferta pedagógica, pero el joven rechazó el acompañamiento institucional. “Nosotros brindamos apoyo psicosocial, jurídico, artístico, cultural y deportivo, pero sabemos que competimos con la fuerza que tienen las bandas criminales”, reconoció Palacios.
Debate político y social
El hecho ha generado una fuerte controversia política. Sectores de oposición han cuestionado la eficacia de Jóvenes en Paz, argumentando que la existencia de un vínculo, por mínimo que sea, entre el atacante y el programa revela fallas estructurales. Por su parte, el Gobierno sostiene que la oferta institucional existe, pero que no siempre logra contrarrestar las presiones de entornos violentos.
La Defensoría del Pueblo, por medio de su titular Iris Marín, también confirmó que el Estado conocía la situación de vulnerabilidad del menor y que estaba matriculado en una institución educativa, aunque no asistía por conflictos recientes.
Un caso que interpela al Estado
Este episodio no solo pone a prueba al gobierno Petro, sino que también evidencia las enormes dificultades del Estado para proteger a la infancia y la juventud en condiciones de marginalidad extrema. Aunque Jóvenes en Paz ha atendido a miles de jóvenes —más de 9.400 en lo que va de 2025, según datos de Idipron—, la historia del menor implicado muestra que los desafíos van más allá de la asistencia: requieren estrategias de retención, acompañamiento sostenido y seguridad frente a las amenazas del crimen organizado.
En últimas, este caso expone una realidad compleja: la oferta institucional existe, pero muchas veces llega tarde, o simplemente no es suficiente para salvar a un joven de la violencia. Y eso es algo que ni este, ni ningún gobierno, puede seguir ignorando.
