La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia advirtió este jueves que el número de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos podría superar el del año pasado (191), tras reportar 129 denuncias en lo que va de 2025.
"Si la tendencia actual se mantiene, lamentablemente este año podría superarse la cifra del año anterior", alertó el alto representante de la oficina, Scott Campbell, durante su intervención en la instalación de la Mesa Nacional de Garantías, un espacio de diálogo entre la sociedad civil y el Estado colombiano para la protección de líderes sociales.
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A pesar de que ese despacho afirmó haber recibido 129 señalamientos de líderes asesinados en lo que va de año, aseguraron que a la fecha solo 41 casos fueron verificados.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que también lleva el control y la cuenta de líderes asesinados en el país, denunció ayer el homicidio del líder número 93 en el departamento de Antioquia (noroeste).
La ONU expresó su preocupación por el contexto de violencia que enfrentan las personas defensoras, señalando que los homicidios no solo vulneran derechos fundamentales, sino que buscan "interrumpir o destruir procesos organizativos y comunitarios, especialmente en contextos de control social ejercido por grupos armados no estatales".
Entre las personas más afectadas se encuentran miembros de juntas de acción comunal, defensores de territorios y de derechos de la niñez, pueblos indígenas y campesinos.
Campbell instó al Gobierno a avanzar en la implementación efectiva de la política de "desmantelamiento de organizaciones criminales", que, según apuntó, era uno de los "compromisos centrales" del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y las extintas FARC.
"El acompañamiento debe sustentarse en principios como el respeto pleno a los derechos humanos, la no criminalización de la protesta social y la coordinación efectiva con autoridades civiles", afirmó.
La ONU reiteró su compromiso con este proceso e hizo un llamado a crear condiciones reales y seguras para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia.
