En medio de la controversia que ha generado el aumento del 23 % en el salario mínimo decretado a finales de 2025, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la medida y convocó a sus seguidores a movilizarse para respaldarla. A través de una serie de mensajes publicados en sus redes sociales, el mandatario aseguró que sectores de la oposición buscan frenar la implementación del decreto por la vía judicial y cuestionó los argumentos económicos en contra del incremento.
Según Petro, las críticas que advierten un impacto negativo del alza salarial sobre la inflación carecen de sustento técnico. “Dicen que son inconstitucionales los decretos y no tienen razón científica alguna, dicen que generará inflación y la ciencia económica los desmiente”, escribió el jefe de Estado, al insistir en que el denominado “salario vital” no provocará un aumento generalizado de precios en el país.
Aunque no fijó una fecha concreta, el presidente llamó a sus bases políticas a “alistarse para salir a las calles” en defensa del decreto que elevó el salario mínimo y de otras medidas económicas impulsadas por su Gobierno. Entre ellas, mencionó un decreto que busca aumentar la carga tributaria a los grandes conglomerados económicos, a los que calificó como “dueños de los oligopolios” que, según él, se creen propietarios del país y de la voluntad electoral de los ciudadanos.
En ese contexto, Petro también hizo referencia a las elecciones que se avecinan en los próximos meses y lanzó un mensaje directo al electorado trabajador. “Nadie de la gente trabajadora debe votar por el que da dinero por un voto”, afirmó, en una clara alusión a prácticas de compra de sufragios que, a su juicio, perpetúan la desigualdad y favorecen intereses contrarios a las mayorías.
El mandatario aprovechó sus pronunciamientos para retomar el debate sobre la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, una iniciativa que ha sido impulsada por un comité ciudadano y respaldada por el Gobierno. Petro señaló que este miércoles debería presentarse un proyecto de ley que permita que el salario vital mínimo y familiar tenga un carácter obligatorio para los decretos de los futuros presidentes, o incluso quede consagrado en la Constitución.
En sus declaraciones, el presidente afirmó que dicho proyecto no debería ser discutido por el actual Congreso, al que responsabilizó de hundir reformas clave como la de la salud, sino por el próximo Legislativo o por una eventual Asamblea Nacional Constituyente. En ese escenario, sostuvo, se podrían desarrollar y fortalecer los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de 1991. Además, hizo un llamado a votar con “inteligencia social” y a no elegir a quienes calificó como “verdugos del pueblo”.
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La discusión sobre el aumento del salario mínimo ha generado tensiones en distintos frentes. Aunque Petro insiste en que no habrá inflación derivada del alza, varios sectores han advertido sobre su impacto en la canasta básica y en servicios como el transporte público. Una de las principales controversias se ha dado con la Alcaldía de Bogotá, luego del aumento de 350 pesos en el pasaje de TransMilenio, decisión que el Gobierno nacional ha criticado abiertamente.
Desde el Ejecutivo también se han anunciado medidas para mitigar posibles efectos del incremento salarial. El Ministerio de Vivienda publicó recientemente un borrador de decreto para evitar que el aumento afecte el costo de la vivienda de interés social, proponiendo que estas se vendan en pesos y no indexadas al salario mínimo. Petro, finalmente, advirtió que las empresas que ajusten sus precios con base en el 23 % del aumento salarial estarían especulando y podrían ser sancionadas, al considerar que su deber constitucional es impedir ese tipo de prácticas.
