El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes 30 de marzo que el servicio militar en Colombia “ya no es obligatorio”, una afirmación que reabre el debate sobre el alcance real de los cambios impulsados por su Gobierno frente a este modelo.
A través de su cuenta en X, el mandatario sostuvo que está cumpliendo una de sus promesas de campaña al transformar el servicio militar en una experiencia voluntaria, respaldada —según dijo— por mejores condiciones para los jóvenes que deciden prestar servicio.
“Prometí en campaña acabar el servicio militar obligatorio y hacerlo voluntario. Literalmente ya lo hemos logrado gracias a que ganan el salario vital. No solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”, escribió el jefe de Estado.
Sin embargo, más allá de la afirmación presidencial, lo cierto es que el servicio militar obligatorio continúa vigente en el marco jurídico colombiano, lo que ha generado interrogantes sobre si se trata de un cambio estructural o de una transformación en la práctica.
Un cambio en la práctica, no en la ley
Aunque el Gobierno ha promovido un modelo más flexible, la normativa actual no ha eliminado la obligatoriedad del servicio militar. En ese contexto, las medidas adoptadas apuntan más a incentivar la voluntariedad que a desmontar completamente el sistema vigente.
Uno de los avances en esa dirección es el decreto 1075 de 2025, expedido por el Ministerio de Defensa, que introduce ajustes en las condiciones del servicio. Entre ellos, se contempla la posibilidad de que los jóvenes extiendan de manera voluntaria su permanencia en las Fuerzas Armadas.
La norma establece que quienes no hayan culminado el bachillerato deben prestar servicio durante 18 meses, mientras que los bachilleres lo harán por 12 meses. En ambos casos, podrán solicitar una prórroga de entre seis y doce meses adicionales, siempre que cumplan ciertos requisitos.
Para acceder a esta extensión, los jóvenes deben presentar la solicitud con al menos cuatro meses de anticipación, contar con una evaluación favorable de desempeño y no registrar sanciones disciplinarias o penales. Además, podrán desistir del proceso en cualquier momento.
Estas disposiciones, que entraron en vigencia en octubre de 2025, buscan fortalecer la permanencia voluntaria dentro de las instituciones militares, en línea con el discurso del Gobierno.
Servicio social para la paz: la alternativa
Otro de los pilares de esta transformación es el programa Servicio Social para la Paz, una iniciativa que plantea una alternativa al servicio militar tradicional y que ha sido presentada como una apuesta por vincular a los jóvenes en tareas comunitarias.
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A través de este modelo, los participantes pueden contribuir en áreas como gestión del riesgo, medioambiente, educación y derechos humanos, sin necesidad de integrarse a las Fuerzas Armadas.
Quienes opten por esta modalidad recibirán un certificado equivalente a la libreta militar, así como el reconocimiento de esta experiencia como su primer empleo, lo que busca ampliar las oportunidades para los jóvenes en el país.
Desde el Gobierno, se ha insistido en que esta alternativa no solo promueve la construcción de paz, sino que también fortalece el compromiso social y comunitario de las nuevas generaciones.
Debate abierto
Las declaraciones del presidente Petro han generado reacciones y cuestionamientos sobre el alcance real de estos cambios. Mientras el Gobierno defiende que el modelo ya funciona bajo una lógica voluntaria, expertos y sectores políticos advierten que, sin una reforma legal, el servicio militar obligatorio sigue existiendo formalmente.
En ese escenario, el anuncio del mandatario se convierte en un nuevo punto de tensión entre el discurso político y la realidad normativa, en medio de un debate que sigue abierto sobre el futuro del servicio militar en Colombia.
