El presidente Gustavo Petro se retractó públicamente de haber llamado “muñecas de la mafia” a un grupo de mujeres periodistas. La declaración se dio en el Consejo de Ministros del 19 de mayo, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.
Petro retiró la frase públicamente
El presidente Gustavo Petro se retractó de la expresión “muñecas de la mafia”, que había usado el 30 de agosto de 2024 durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, para referirse a un grupo de mujeres periodistas. La retractación se produjo durante el Consejo de Ministros de este martes 19 de mayo.
En su intervención, el mandatario dijo que la Corte Constitucional había considerado que esas expresiones, pronunciadas desde la investidura presidencial, ameritaban una retractación pública. Luego afirmó que retiraba formalmente esa frase de su “voz pública”.
Petro también ofreció excusas a las periodistas aludidas y a las mujeres que ejercen el oficio en Colombia. En su mensaje señaló que no eran “muñecas de la mafia”, sino ciudadanas autónomas, profesionales y libres, y reconoció el papel del periodismo en la democracia.
La declaración ocurrió después de que la Corte le ordenara al jefe de Estado retractarse por considerar que sus palabras vulneraron derechos fundamentales de las comunicadoras. La decisión fue adoptada en la Sentencia SU-432 de 2025, con ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez.
Lo que ordenó la Corte Constitucional
La Corte concluyó que la frase no podía leerse únicamente como una opinión política protegida por la libertad de expresión. Para el alto tribunal, el mensaje fue emitido en un acto oficial, por el presidente de la República y con una alta capacidad de difusión.
El fallo amparó los derechos de un grupo de 16 mujeres periodistas a la libertad de expresión, a la no discriminación y a vivir una vida libre de violencias. Además, revocó dos decisiones previas del Consejo de Estado que habían negado el amparo solicitado.
La Corte también ordenó al presidente presentar excusas públicas, incluir una nota aclaratoria en el video y la transcripción oficial del discurso en el que hizo la afirmación, y abstenerse de emitir mensajes que puedan vulnerar los derechos de las mujeres periodistas.
El caso se originó en dos acciones de tutela presentadas por un abogado y por varias periodistas, con acompañamiento de organizaciones como El Veinte y la Fundación para la Libertad de Prensa. Las accionantes alegaron que la expresión reforzó estereotipos de género y alimentó ataques en entornos digitales.
En el fallo, la Corte señaló que el uso de la expresión podía presentar a las periodistas como personas al servicio de terceros y sin autonomía profesional. Por eso, consideró que el lenguaje empleado tenía una carga discriminatoria y estigmatizante.
