El expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares interpuso una acción de tutela contra el decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional reglamentó el incremento del 23 % en el salario mínimo que regirá en 2026. La demanda fue presentada en representación del comerciante Alexander Donato Rondón y está dirigida contra la Presidencia de la República y los Ministerios de Hacienda y del Trabajo.
De acuerdo con el exmagistrado, la expedición del decreto vulnera el derecho fundamental al debido proceso y desconoce el principio de concertación tripartita que debe regir la fijación del salario mínimo en Colombia. En la acción constitucional, Linares sostiene que el Gobierno incurrió en irregularidades al adoptar la medida de manera unilateral, sin que se agotaran de forma adecuada los mecanismos de diálogo entre el Estado, los empleadores y los trabajadores.
Según el documento radicado ante la justicia, el decreto cuestionado se expidió pese a que no existían las condiciones que habilitaran al Ejecutivo para fijar el salario mínimo por esa vía. Linares argumenta que la concertación no puede considerarse fallida cuando, a su juicio, no se cumplieron plenamente los requisitos de negociación exigidos por la Constitución y la ley. En ese sentido, considera que el Gobierno excedió sus competencias y afectó garantías fundamentales.
La tutela fue interpuesta por Linares en calidad de apoderado judicial de Alexander Donato Rondón, un comerciante que, según se expone en la demanda, se vería directamente impactado por el incremento salarial decretado. Para el accionante, la medida tiene implicaciones económicas que ameritan un estricto respeto por los procedimientos constitucionales, especialmente cuando se trata de decisiones con efectos generales sobre el mercado laboral y el sector productivo.
Además de solicitar el amparo de los derechos fundamentales invocados, el exmagistrado pidió como medida provisional la suspensión temporal de los efectos del decreto 1469, mientras la acción de tutela es estudiada de fondo por un juez constitucional. El objetivo de esta solicitud es evitar que el aumento salarial se siga aplicando en tanto no se resuelva la legalidad del procedimiento mediante el cual fue adoptado.
La acción de tutela se suma a otras controversias jurídicas y políticas que ha generado el aumento del salario mínimo para 2026, una de las decisiones económicas más debatidas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. El incremento del 23 % ha sido defendido por el Ejecutivo como una medida necesaria para garantizar un “salario vital”, mientras que distintos sectores han advertido sobre posibles impactos en la inflación, el empleo y los costos para los pequeños y medianos empresarios.
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Desde el Gobierno, se ha insistido en que el decreto se ajusta a la Constitución y que la falta de acuerdo en la mesa de concertación habilitaba al Ejecutivo para fijar el salario mínimo por decreto. No obstante, la tutela presentada por Linares plantea un nuevo escenario judicial que podría abrir la puerta a un análisis de fondo sobre los límites de esa facultad y el alcance del principio de concertación tripartita.
Ahora corresponderá a un juez constitucional decidir si admite la tutela, si decreta la suspensión provisional solicitada y, en última instancia, si el decreto que reglamenta el aumento del salario mínimo vulneró o no derechos fundamentales, en un debate que promete tener amplias repercusiones jurídicas y políticas.
