La Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar para apartarse del estudio de la reforma pensional. La decisión, adoptada por unanimidad, reconfigura el debate interno y obliga a designar un nuevo ponente para uno de los procesos más sensibles del alto tribunal.
Ibáñez había radicado su solicitud el pasado 13 de febrero, al considerar que unas declaraciones ofrecidas en una entrevista a finales de 2025 podrían comprometer su imparcialidad dentro del expediente. Aunque sostuvo que no existió prejuzgamiento, la Sala Plena determinó aceptar su apartamiento del caso.
¿Por qué el magistrado Ibáñez se quedó por fuera del debate de la reforma pensional?
El magistrado argumentó que, en la entrevista cuestionada, se limitó a explicar cómo se reanudaría la discusión en la Corte, en su calidad de entonces presidente del tribunal. Sin embargo, desde la Presidencia de la República de Colombia se presentó una recusación en su contra al considerar que sus declaraciones constituían una intervención activa en el debate público sobre la reforma promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego.
En el documento de recusación se señaló como “preocupante” que el magistrado hubiera opinado sobre un asunto que debía resolver como juez constitucional. Aunque Ibáñez insistió en que no había anticipado su postura jurídica, la controversia llevó a que optara por declararse impedido para evitar cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
La Corte, al aceptar el impedimento, consideró que lo procedente era apartarlo del conocimiento del expediente para preservar la legitimidad de la decisión final.
Cambio de ponente y nuevo escenario
La salida de Ibáñez tiene un impacto directo en el trámite, pues él era el magistrado ponente del caso. Incluso, en una votación previa el debate había quedado empatado, lo que obligó a designar un conjuez. Ahora, con su apartamiento, se deberá elaborar una nueva ponencia.
Por protocolo, la nueva magistrada encargada del proyecto será Paola Meneses, actual presidenta de la Corte Constitucional. Esto implica una suspensión temporal del estudio mientras se revisa nuevamente el expediente y se construye un nuevo documento para consideración de la Sala Plena.
No es la primera vez que Ibáñez se aparta de un asunto de alto perfil. En diciembre pasado también quedó por fuera del debate sobre el decreto de emergencia económica, tras las mismas declaraciones.
La ponencia que desató la controversia
En octubre de 2024, Semana reveló detalles de la ponencia presentada por Ibáñez. En el documento, de 87 páginas, proponía declarar inexequible la Ley 1681 de 2024, que creó el nuevo sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común.
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Según su análisis, el Congreso no subsanó los vicios de procedimiento advertidos por la Corte, especialmente la omisión del debate del articulado en la Cámara de Representantes. La plenaria, el 28 de junio, decidió por 100 votos contra 11 no reabrir la discusión completa del texto, lo que —según la ponencia— vulneró el principio democrático y las garantías de las minorías.
Con el cambio de ponente, el rumbo del fallo podría variar. La decisión final de la Corte tendrá profundas implicaciones jurídicas, políticas y fiscales para el país, en un tema que sigue en el centro del debate nacional.
