El secretario general de la ONU, António Guterres, destacó que hay avances en la puesta en marcha del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre Bogotá y la antigua guerrilla de las FARC. Al mismo tiempo, advirtió sobre desafíos persistentes en seguridad, reintegración de excombatientes y presencia del Estado en las regiones más afectadas por el conflicto.
Avances, pero desafíos que no ceden
El representante especial de Guterres para Colombia, Miroslav Jenča, señaló en su primera intervención ante el Consejo de Seguridad desde que asumió el cargo en octubre que la Misión de Verificación de la ONU reorganizó su trabajo según el último mandato aprobado el año pasado. Explicó que ahora concentra su labor en la reintegración de excombatientes y en la seguridad, tanto de ellos como de las comunidades en zonas afectadas por la violencia.
Jenča informó que la Misión afronta 2026 con cerca de 200 efectivos menos y un recorte presupuestario de casi 15 millones de dólares, aunque mantiene una presencia esencial sobre el terreno. También subrayó que es clave contar con el apoyo continuo de los Estados miembros para cumplir plenamente el mandato.
El diplomático destacó la resiliencia de las comunidades que ha visitado en Cauca, Nariño, Arauca y Norte de Santander, donde persisten graves dificultades por la acción de grupos armados ilegales, la debilidad institucional y la falta de servicios básicos. En ese contexto, resaltó la confianza expresada por autoridades locales, líderes sociales y comunidades indígenas y afrocolombianas en el papel de la Misión.
Reintegración frágil y violencia en las fronteras
Sobre la reintegración, recordó que más de 11.000 excombatientes siguen vinculados a los programas oficiales, un proceso que calificó como inversión necesaria para la paz, aunque aún frágil. Asimismo, alertó de que 487 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo, una cifra que calificó de inaceptable, e instó a reforzar las investigaciones y las garantías de seguridad.
Jenča también expresó preocupación por la persistencia de la violencia en zonas fronterizas, el aumento del reclutamiento de menores y los desplazamientos forzados, especialmente en regiones como el Catatumbo. El pasado martes, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ya había advertido sobre el deterioro de la situación humanitaria en esa región, donde la violencia asociada a la confrontación entre grupos armados dejó en 2025 al menos 166 personas muertas, incluidos diez niños, y afectó a líderes sociales, la fuerza pública y el sistema educativo. Esa oficina sostiene, además, que el Estado colombiano no ha dado una respuesta adecuada ni suficientemente articulada a la crisis, y urgió a fortalecer la protección de los derechos.
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Por otra parte, Jenča subrayó que el Acuerdo de Paz ofrece un marco integral para abordar estos problemas, en particular a través de la reforma rural, la lucha contra las economías ilícitas y el fortalecimiento de la presencia estatal. También reconoció avances como la entrega de casi 300.000 hectáreas de tierra, aunque pidió acelerar el ritmo para cumplir los objetivos pactados.
De cara al décimo aniversario del acuerdo y al próximo ciclo electoral, llamó a intensificar los esfuerzos para su plena implementación y a garantizar un entorno seguro para candidatos y votantes en todo el país.
