El caso de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, ha sido seguido de cerca por la opinión pública desde que en 2019 vandalizó una estación de TransMilenio en Bogotá. A raíz de ese incidente, en marzo de 2020 fue condenada a tres años y diez meses de prisión, aunque en ese momento la pena era excarcelable. Sin embargo, se le prohibió el uso de redes sociales, lo que afectó directamente su actividad como influencer.
Más tarde, en agosto de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó su condena a 63 meses de prisión y le impuso una multa de 492 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se le inhabilitó para ejercer como influencer durante el mismo período.
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A pesar del golpe judicial, Barrera no dejó de insistir en su deseo de cambiar y demostrar que podía rehacer su vida. Con el tiempo, logró construir una empresa de productos capilares que generó empleo y la consolidó como una figura influyente en el ámbito empresarial. Sin embargo, la ratificación de su condena en enero de 2025 la llevó nuevamente a prisión, lo que desencadenó una ola de apoyo en redes sociales y en las calles.
El pasado 2 de abril, Bogotá fue escenario de una marcha pacífica en la que familiares, amigos y seguidores pidieron su liberación. Figuras públicas como el cantante Jhonny Rivera se sumaron a la causa, argumentando que la condena de Daneidy era excesiva en comparación con otros casos y que debía considerarse su rol como madre y empresaria.
¡Amigos y familiares muestran su respaldo!
Durante la manifestación, los asistentes portaron pancartas y camisetas en su apoyo, destacando el impacto positivo que ha tenido en la comunidad. Esta no ha sido la única muestra de respaldo; en febrero se organizó un plantón frente a la cárcel El Buen Pastor, donde está recluida, en el que su pareja, Karol Samantha, logró intercambiar palabras con ella a la distancia.
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Mientras tanto, su equipo legal sigue explorando opciones y ha anunciado que llevará el caso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con la esperanza de obtener medidas cautelares que permitan una revisión de la sentencia o su liberación.
El debate sigue abierto. Para algunos, la condena es justa; para otros, es desproporcionada y refleja un trato más severo hacia la creadora de contenido.
