Un nuevo escándalo sacude al sistema penitenciario colombiano. Este miércoles 3 de septiembre, un operativo sorpresa realizado por grupos especiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reveló la presencia de dos teléfonos móviles y un cargador dentro de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en Bogotá, centro de reclusión donde actualmente se encuentran figuras de alto perfil como Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, y la exconsejera presidencial Sandra Ortiz.
¿Cómo ingresaron los celulares?
La inspección se llevó a cabo tras recibir reportes sobre comunicaciones no autorizadas desde el interior de este centro especial de detención. El hallazgo de los dispositivos en una zona donde su uso está estrictamente prohibido encendió las alarmas de las autoridades, que de inmediato abrieron una investigación interna para establecer cómo ingresaron los equipos y a quiénes pertenecen.
Aunque por ahora no se ha confirmado oficialmente si los teléfonos estaban en poder de alguna de las internas mencionadas, el hecho de que aparezcan en un espacio que alberga a procesadas por delitos de alto impacto ha vuelto a poner bajo la lupa el manejo de este tipo de reclusiones especiales.
Figuras públicas en el centro del escándalo
En la Escuela de Carabineros permanecen detenidas personas vinculadas a casos que han sido ampliamente cubiertos por la opinión pública. Entre ellas, Sandra Ortiz, exasesora del Gobierno Nacional, investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los más graves en los últimos años.
También está recluida Epa Colombia, influencer y empresaria, quien cumple condena por su participación en actos vandálicos contra estaciones de TransMilenio durante el estallido social de 2019, un caso que generó gran controversia y polarización en redes sociales.
¿Fallan los controles en centros de reclusión especiales?
El hallazgo reabre el debate sobre la efectividad de los controles penitenciarios en centros de reclusión no tradicionales, especialmente aquellos destinados a figuras públicas o de alto perfil político y social. Para expertos en seguridad penitenciaria, el caso evidencia fallas estructurales y operativas, incluso en espacios donde, en teoría, deberían aplicarse medidas más estrictas y rigurosas.
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Además, se cuestiona si existe algún tipo de trato diferencial o privilegios indebidos para ciertos reclusos, lo cual comprometería gravemente la transparencia del sistema judicial y carcelario del país.
