En medio de un conflicto sin fin, se escuchan las voces de aquellos que lo han perdido todo y se han quedado en el olvido.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, en el primer semestre de este año fueron más de 134.000 personas las que fueron obligadas a desplazarse o confinarse debido al conflicto armado. Esta es una cifra que muestra el aumento de víctimas que se viven en Colombia por la violencia del país, por otro lado la institución reportó que el año pasado fueron al menos 121.000 personas desplazadas, y en 2023 fueron 54.665.
Esto evidencia un alarmante aumento de la situación humanitaria, pese a los llamados reiterados de la Defensoría del Pueblo para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos.
Colombia enfrenta una emergencia silenciosa: el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando gravemente a comunidades rurales e históricamente marginadas. En 2025, departamentos como Guaviare, Chocó, Antioquia y Valle del Cauca han vuelto a ser epicentro de esta violencia, reflejando una realidad donde el control territorial de actores armados y la ausencia del Estado siguen dejando miles de víctimas.
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Los enfrentamientos, las amenazas, los cultivos ilícitos y el reclutamiento forzado son factores estructurales que reproducen el conflicto, afectando principalmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Por otro lado el informe global del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC) y las cifras del Registro Único de Víctimas (RUV) revelan un contraste en la forma de entender la magnitud del desplazamiento: mientras que el IDMC reportó 7,2 millones de personas desplazadas aún en condición de vulnerabilidad al cierre de 2024, el Gobierno colombiano mantiene 8,8 millones de casos acumulados.
Esta diferencia radica en que el IDMC actualiza sus datos depurando personas que han superado su situación, mientras que el RUV conserva a todas las víctimas reconocidas desde el inicio del conflicto. Ambos registros son válidos, pero la diferencia metodológica demuestra la urgencia de avanzar no solo en cifras, sino en soluciones estructurales, sostenidas y con presencia efectiva del Estado en los territorios más golpeados.
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Los informes presentados anteriormente por la Defensoría del Pueblo, el IDMC y RUV no solo evidencian una creciente preocupación sobre la violencia, el desplazamiento y el confinamiento si no que además nos recuerdan que cada día nace una nueva víctima que recae sobre un extenso registro de voces que han quedado en el pasado y que no han recibido protección, restauración o reparación.
