La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a José Eduardo Chalá, un taxista que en estado de embriaguez atropelló a 11 personas el pasado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. El caso, que causó una fuerte conmoción entre los habitantes de la zona, tomó un nuevo rumbo judicial tras la muerte de una de las víctimas.
De acuerdo con el ente acusador, la nueva imputación se produjo luego de que el 11 de noviembre muriera una menor de 15 años como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente. Con este deceso, la conducta inicialmente investigada como homicidio en grado de tentativa fue reclasificada como homicidio agravado, teniendo en cuenta las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
Según la Fiscalía, las pruebas recolectadas indican que el conductor se movilizaba a exceso de velocidad y presentaba grado tres de alcoholemia, el nivel más alto de embriaguez establecido por la normativa vigente. Esta condición fue certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyos análisis confirmaron que Chalá no se encontraba en condiciones aptas para conducir al momento del siniestro.
Las investigaciones señalan que el taxista perdió el control del vehículo, embistió a un grupo de peatones que se encontraban en una esquina del barrio Santa Rita y, posteriormente, colisionó contra la fachada de una vivienda. Las inspecciones técnicas realizadas en el lugar del accidente, así como los elementos probatorios recolectados por las autoridades, permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y establecer la responsabilidad del conductor.
José Eduardo Chalá fue capturado en flagrancia el mismo día del incidente y presentado ante un juez de control de garantías. Inicialmente, fue judicializado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, cargos que aceptó en su momento. No obstante, con el fallecimiento de la menor, la Fiscalía solicitó la modificación de la imputación, la cual fue avalada dentro del proceso.
El procesado continuará privado de la libertad mientras avanzan las etapas judiciales del caso. La Fiscalía señaló que solicitará una condena ejemplar, al considerar que la conducta del acusado puso en riesgo la vida de múltiples personas y derivó en la muerte de una menor de edad, lo que constituye un agravante adicional.
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Este caso reavivó el debate sobre la conducción bajo los efectos del alcohol y la necesidad de reforzar los controles y sanciones para prevenir este tipo de hechos. En la comunidad de San Cristóbal, vecinos y familiares de las víctimas han manifestado su indignación y han pedido justicia, esperando que el proceso judicial siente un precedente frente a la responsabilidad de quienes deciden conducir en estado de embriaguez.
