El pasado fin de semana, la Fiscalía General de la Nación reveló nuevos avances en la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá. El ataque, perpetrado por un menor de 15 años, dejó al político gravemente herido y destapó una red criminal que continúa bajo la lupa de las autoridades.
Uno de los avances más importantes del caso se dio el fin de semana, cuando un adolescente de 17 años se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía, tras ser vinculado a una reunión previa en la que se habría planeado el atentado. De acuerdo con el ente investigador, el joven firmó un compromiso de colaboración y quedó bajo medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dada su condición de menor de edad.
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Sin embargo, este martes, 29 de julio, tan solo cuatro días después de su entrega, se conoció que el adolescente se fugó del centro donde permanecía bajo custodia, justo antes de un segundo interrogatorio en el que se esperaba que entregara información clave sobre los autores intelectuales del atentado.
La Procuraduría General de la Nación calificó la situación como “inadmisible” y anunció la apertura de una investigación disciplinaria para establecer responsabilidades.
“Estamos ante una falla gravísima en la protección de un testigo fundamental. Exigimos respuestas inmediatas y acciones contundentes”, señaló el organismo de control en un comunicado oficial.
Pese a que la Fiscalía lo consideraba una pieza fundamental en el proceso judicial, el ICBF negó que el joven estuviera en calidad de judicializado. “No se fugó. Él no estaba privado de la libertad ni había sido acusado formalmente. Rindió declaración y se encontraba bajo una medida de protección”, afirmó Astrid Cáceres, directora del ICBF, quien también precisó que se trata de un adolescente migrante y que el Estado intenta ubicar a su familia.
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Hasta el momento, se desconoce el paradero del menor y se activó un plan de búsqueda urgente para dar con su ubicación. La Fiscalía evalúa el impacto que su desaparición podría tener en la investigación, que ya cuenta con al menos seis personas judicializadas, entre ellas alias “El Costeño”, señalado como coordinador del atentado, y una mujer identificada como “Gabriela”, quien habría facilitado el arma utilizada.
