A siete semanas de la elección presidencial, la tensión política en Colombia escala y las alertas por la seguridad de los candidatos comienzan a encenderse. Las amenazas de muerte contra el aspirante Abelardo de la Espriella se suman a un clima cada vez más preocupante para el desarrollo del proceso democrático.
La Defensoría del Pueblo advirtió que este caso no es aislado. Recordó que recientemente la también candidata Paloma Valencia fue víctima de intimidaciones bajo una modalidad similar, lo que evidencia un patrón de violencia que pone en riesgo no solo a los aspirantes, sino las garantías mismas de la contienda electoral.
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Frente a este escenario, la entidad exigió a la Fiscalía General de la Nación actuar con urgencia para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y evaluar el nivel de riesgo contra De la Espriella. Insistió en que la respuesta institucional debe ser rápida, contundente y proporcional a la gravedad de las amenazas.
El pronunciamiento también incluyó un llamado directo a las plataformas digitales, cuestionando la facilidad con la que este tipo de contenidos circulan sin control. La Defensoría pidió reforzar los mecanismos de detección, retirar de inmediato publicaciones con amenazas explícitas y evitar su viralización en un momento especialmente sensible para el país.
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Además, instó al Gobierno, al Ministerio del Interior y a todos los actores políticos a rechazar de forma categórica estos hechos y a evitar que la violencia se convierta en un factor de presión dentro de la competencia electoral.
La advertencia es de fondo: cuando las amenazas entran en la conversación pública y no tienen consecuencias, se debilita la democracia. Por eso, la Defensoría anunció seguimiento permanente al caso, en medio de un proceso electoral que enfrenta crecientes riesgos de seguridad.
