Hasta 90% de ingresos de los colombianos se va en medicamentos

Jue, 06/11/2025 - 11:32
Más de 584 fármacos no se entregan; 61% de colombianos debe comprar por su cuenta. La crisis golpeó especialmente zonas rurales y vulnerables.
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Durante la audiencia pública de presentación del informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre un deterioro estructural del derecho a la salud en el país.

Según la entidad, las dificultades para acceder a fármacos esenciales se han profundizado sin diferenciación por régimen de afiliación, afectando en mayor proporción a comunidades rurales, étnicas y sin conectividad.

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Encuestas revelan impacto económico extremo

El informe se construyó a partir de 3.449 encuestas, que evaluaron los efectos de la falta de suministro. Se identificaron seis medicamentos especialmente afectados: Metformina, Valsartán, Insulina Glargina, Quetiapina, Ácido Valproico y Ácido Fólico. Estos están asociados a diabetes, hipertensión, salud mental, afecciones neurológicas y salud materna.

El cálculo del costo mensual de dichos tratamientos, comparado con los ingresos estimados por la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (Dane), concluye que los usuarios pueden destinar entre 7% y 90% de sus ingresos para adquirirlos por cuenta propia. Esta situación compromete otros derechos esenciales como alimentación, vivienda y educación.

Medicamentos no entregados y altos niveles de compra particular

A septiembre de 2025, la Defensoría registraba 584 medicamentos no entregados.
Sobre 1.798 casos monitoreados, el 48% sigue sin resolverse, mientras que el 61% de las personas encuestadas afirmó haber tenido que comprarlos directamente, con una carga económica especialmente grave en zonas rurales y dispersas, así como en pueblos étnicos.

 

Miles de colombianos deben costear fármacos que el sistema no entrega.
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Archivo particular

El listado de fármacos con más reportes está encabezado por Metformina, seguido de Valsartán y Losartán. Solo los diez primeros medicamentos agrupan el 25% de los casos de no entrega.

Marín Ortiz señaló que existen dinámicas regresivas en el acceso a fármacos, incluso en los destinados a la atención primaria, debido a variaciones logísticas que priorizan el canal comercial sobre el institucional.

Panorama en tutelas por salud

Entre enero de 2020 y agosto de 2025, se radicaron 1.003.147 tutelas relacionadas con el derecho a la salud ante la Corte Constitucional. Solo en 2025, este derecho concentró el 33,85% de las tutelas, siendo el segundo más invocado.

Además, el 36,82% de las tutelas de salud, en ese mismo año, denunciaron retrasos en la entrega de medicamentos e insumos.

La Defensoría acompañó 18.451 tutelas entre enero y agosto de 2025; el 24% se debió a la negación en la entrega de medicamentos esenciales. Quindío (14%), Caldas (12%) y Antioquia (8%) fueron los departamentos más afectados.

Indicadores que sustentan la crisis

La Superintendencia Nacional de Salud registró alrededor de 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio de 1.600 diarios.

 Entre 2022 y 2025, la Defensoría recibió 107.000 quejas; solo en 2024 fueron 35.000, un 32% más que en 2023.

De enero a agosto de 2025, se presentaron cerca de 28.000 quejas por fallas en la prestación de servicios.

Los datos se complementaron con información del Ministerio de Salud, la Contraloría, la Procuraduría, la Superintendencia de Salud y la Corte Constitucional, además de insumos recolectados mediante PMU en 19 departamentos, evidenciando un deterioro progresivo del derecho a la salud.

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Hallazgos principales

La Defensora identificó varios factores críticos que impulsan la crisis:

  • Falta de transparencia financiera en EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
     
  • Retrasos en pagos, que comprometen entrega de medicamentos.
     
  • Distorsión logística que favorece el canal comercial privado.
     
  • Barreras administrativas que interrumpen tratamientos, sobre todo en territorios alejados.
     

Los departamentos más afectados son Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia. Luego se ubican La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío.

Marín Ortiz subrayó que la inequidad social y económica explica gran parte del problema, especialmente en zonas rurales y periféricas, donde persisten barreras sociales, culturales, económicas y geográficas.

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