La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el impacto que tendría un recorte presupuestal en el funcionamiento de la entidad, luego de que más de 5.160 contratistas, entre ellos más de 4.000 defensores públicos, no recibieran el pago de sus honorarios antes de Navidad, como estaba previsto. La situación fue confirmada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien atribuyó el incumplimiento a la falta de recursos girados por el Ministerio de Hacienda.
La controversia se conoció públicamente tras un pronunciamiento del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que denunció el incumplimiento en los pagos y advirtió sobre las consecuencias para el acceso a la justicia. “No hay justicia posible cuando quienes la sostienen trabajan sin remuneración oportuna”, señaló la organización, al cuestionar la precarización de quienes ejercen la defensa pública en el país.
En respuesta, la defensora Iris Marín lamentó que no se hubiera logrado efectuar el pago antes de las festividades de fin de año, pese a los esfuerzos institucionales. A través de su cuenta en la red social X, aseguró que la Defensoría adelantó todas las gestiones administrativas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos, pero que finalmente no contó con los recursos requeridos. “Agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance”, manifestó.
Marín explicó que la entidad realizó los procesos de planeación y las actuaciones que le correspondían, pero que el giro de los recursos no se concretó. “No tuvimos los recursos para el pago oportuno, a pesar de haber realizado todos los procesos de planeación”, indicó, al subrayar que los honorarios estaban contemplados en la ley de presupuesto y comprometidos mediante contratos vigentes.
Más allá del retraso en los pagos, la defensora del Pueblo puso el foco en un problema estructural: la autonomía presupuestal de la entidad. Según explicó, el monto incluido en el proyecto de ley de presupuesto para 2026 fue definido de manera unilateral por el Ministerio de Hacienda, es inferior al solicitado por la Defensoría y también menor al asignado para 2025.
La funcionaria agregó que durante el debate en el Congreso el presupuesto fue reducido aún más y que no se contó con el aval del Ministerio de Hacienda para aumentar los recursos, pese a las propuestas presentadas. “Algunos congresistas señalaron que no podían aprobar un mayor presupuesto sin el aval de Hacienda. Dicho aval nunca llegó”, afirmó.
- Le puede interesar: Nuevo encontronazo entre Petro y Uribe, ¿qué se dijeron?
Marín destacó el trabajo que realizan los defensores públicos, quienes representan a ciudadanos sin capacidad económica para pagar un abogado y asumen cargas laborales superiores a las razonables. “Cada defensor lleva más procesos de los que es razonable. Aun así, son un grupo lleno de vocación y compromiso”, señaló.
Finalmente, la defensora advirtió que en diciembre la entidad fue notificada de que no contaría con recursos para pagar a los contratistas y que el anuncio del Gobierno es que los giros se realizarían en enero. “Esta situación me lleva a preguntarme qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo”, concluyó, al insistir en que el problema trasciende un retraso puntual y evidencia una crisis financiera que pone en riesgo el acceso a la justicia.
