Una nueva asonada contra la Fuerza Pública se desató en el departamento del Chocó tras la retención de 18 militares del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Carmen de Atrato. Mientras el Gobierno habla de un secuestro, la Guardia Indígena del resguardo La Puria sostiene que actuó en ejercicio de su autonomía territorial.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera categórica lo ocurrido y aseguró que los soldados fueron privados de la libertad mientras adelantaban operaciones legítimas contra estructuras armadas ilegales.
“Rechazamos de manera categórica el secuestro de 18 militares de nuestro Ejército, ocurrido en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, Chocó, quienes fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena, mientras desarrollaban operaciones legítimas contra el cartel del Eln”, señaló el jefe de la cartera de Defensa en su cuenta de X.
El ministro afirmó que estas acciones tenían como objetivo proteger a la población civil, en especial a las comunidades indígenas, frente a amenazas como el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado, y advirtió que impedir la labor de la Fuerza Pública favorece a los grupos ilegales.
Respuesta de la Guardia Indígena
Horas después, la Guardia Indígena Enrique Arce hizo pública una denuncia en la que aseguró que los militares ingresaron al resguardo La Puria sin consulta previa ni autorización de las autoridades tradicionales, lo que motivó su retención como medida de control territorial.
Según el comunicado, la actuación se dio tras el reporte de una mujer de la comunidad que habría sido intimidada por integrantes de la Fuerza Pública mientras realizaba labores de pancoger con sus hijos. La Guardia indicó que, siguiendo sus mandatos internos, procedió al decomiso de 18 fusiles y pertenencias de los uniformados.
“No hemos secuestrado a nadie, no somos secuestradores ni nada cercano a la forma de acción con la que se comunica nuestra acción”, señaló la organización indígena, que reiteró su decisión colectiva de no permitir la presencia de ningún grupo armado, legal o ilegal, dentro de su territorio.
Exigencias y llamado al diálogo
La Guardia Indígena solicitó la instalación inmediata de una mesa de concertación de alto nivel para abordar lo que califican como violaciones sistemáticas a su autonomía y derechos territoriales. También exigieron garantías de seguridad para su comunidad y el respeto a su autoridad ancestral.
Entre tanto, el Ministerio de Defensa informó que ya se activaron los canales institucionales, con acompañamiento del Ministerio del Interior, la Gobernación del Chocó y organismos de derechos humanos, con el fin de salvaguardar la vida de los militares y evitar una escalada del conflicto en la zona.
