El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, calificó este miércoles de “inaceptable” la decisión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de “condenar” a varios años de “prisión revolucionaria” a cuatro funcionarios secuestrados en 2025. Además, pidió al Gobierno tomar acciones para preservar el orden en el país.
“El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana. El procurador general desconoce rotundamente el poder de juzgamiento a civiles”, manifestó la Procuraduría General de la Nación en un comunicado.
Los funcionarios secuestrados
Las víctimas son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca. Según un comunicado leído el martes por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla durante 60 y 55 meses, respectivamente.
A ellos se suman los policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio del año pasado. En su caso, el ELN anunció “condenas” de 36 y 32 meses, respectivamente, lo que implica la prolongación de su cautiverio.
Al expresar su “más categórico rechazo” frente a lo que calificó como una pretensión inaceptable del grupo criminal autodenominado ELN, el procurador exigió “la liberación inmediata y sin condiciones” de los secuestrados.
De igual forma, instó al Gobierno Nacional a adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto y la salvaguarda del orden nacional.
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Rechazo político y antecedente del proceso de paz
Las “condenas” anunciadas por el ELN han provocado una ola de indignación en Colombia, donde distintos sectores políticos y sociales han rechazado los secuestros cometidos por ese grupo armado ilegal.
El ELN sostuvo diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pero estos no prosperaron. Aunque durante ese proceso se alcanzó un acuerdo para renunciar al secuestro con fines económicos, en la práctica la guerrilla nunca ha abandonado ese delito. EFE
