Un grave caso de acoso sexual, amenazas de violación y de muerte contra la candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático, Sofía Araujo Mejía, ha generado un rechazo generalizado y un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que identifiquen y capturen al responsable.
La denuncia revela una escalada de violencia extrema ejercida por un hombre que apareció sin previo contacto y comenzó a hostigar a la candidata de manera insistente a través de llamadas, mensajes, audios y videollamadas. Según lo expuesto, el sujeto le envió contenido sexual explícito no solicitado, mensajes obscenos y amenazas directas contra su vida y su integridad sexual, hechos que constituyen delitos graves.
Los ataques se intensificaron tras la salida de una reunión política, cuando el agresor inició el envío de pornografía y videos de carácter íntimo, además de expresiones violentas y amenazas explícitas, configurando un patrón claro de acoso sexual, violencia digital y violencia política contra la mujer.
Los pantallazos divulgados muestran un lenguaje degradante, intimidante y de alto riesgo, que no puede ser minimizado ni tratado como un hecho aislado. Se trata de una conducta criminal que pone en peligro real la seguridad de la candidata y que exige una respuesta inmediata del Estado.
El exsenador Sergio Araujo, padre de la candidata, se pronunció públicamente para exigir que las autoridades actúen sin dilaciones y advirtió que la impunidad frente a este tipo de ataques envía un mensaje peligroso de tolerancia a la violencia sexual.
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Este caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres que participan en política, quienes siguen siendo blanco de intimidaciones, agresiones sexuales y amenazas como mecanismo para amedrentarlas y sacarlas del debate público.
Desde distintos sectores se ha elevado un llamado firme y categórico a la Fiscalía y a la Policía para que adelanten las investigaciones correspondientes, utilicen todas las herramientas técnicas disponibles, identifiquen plenamente al agresor y procedan a su captura, además de garantizar medidas de protección efectivas para la candidata.
El acoso sexual y las amenazas de violación no son excesos ni provocaciones, son delitos graves que deben ser castigados con todo el peso de la ley. La democracia no puede permitir que la violencia sexual se use como arma política ni que quienes la ejercen sigan libres.
El caso de Sofía Araujo exige acciones inmediatas. Identificar y capturar al responsable no es una opción, es una obligación del Estado.
