La controversia por la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender órdenes de captura contra 23 voceros de estructuras ilegales del Valle de Aburrá entra en una nueva fase. Este lunes 6 de abril, al menos dos demandas serán presentadas ante el Consejo de Estado, una vez finalizada la vacancia judicial de Semana Santa.
La medida ha generado fuertes cuestionamientos por permitir que estos actores continúen participando en la mesa de paz urbana con el Gobierno nacional, un proceso sociojurídico que funciona desde 2023 en la cárcel de Itagüí.
Uno de los recursos será impulsado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien lanzó duras críticas tras un consejo de seguridad con autoridades del Valle de Aburrá.
El mandatario señaló una incoherencia en la actuación de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, al considerar que mientras en algunos casos se promueven capturas, en otros se otorgan beneficios a cabecillas de organizaciones criminales.
Según Rendón, la decisión representa un golpe a las víctimas y a la institucionalidad, al permitir que estos líderes sigan vinculados al proceso de paz urbana.
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Desde Medellín advierten impacto electoral
Otra demanda será presentada por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, quien expresó preocupación por las posibles consecuencias en materia electoral. El cabildante anunció que solicitará la suspensión provisional de la resolución, argumentando que podría incidir en territorios donde estas estructuras tienen influencia.
En sus declaraciones, también cuestionó el trasfondo político de la decisión y mencionó al presidente Gustavo Petro, sugiriendo posibles implicaciones en el escenario electoral. La medida cobija a varios de los voceros que han participado en la mesa de paz urbana, incluidos algunos que estuvieron en el evento público de junio de 2025 junto al Gobierno.
Entre ellos figuran alias ‘Carlos Pesebre’, quien se retiró del proceso el 9 de febrero de 2026, así como ‘El Tigre’, ‘El Indio’, ‘Grande Pa’, ‘Vallejo’, ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’ o ‘Chata’ y ‘Juan XXIII’. Algunos ya se encontraban en libertad al momento de la decisión.
Cuestionan legalidad de suspender capturas
Uno de los puntos centrales de las demandas es la falta de justificación para levantar órdenes de captura, especialmente en casos donde los implicados ya han cumplido condenas o no están privados de la libertad.
Los demandantes sostienen que, si se busca garantizar su comparecencia ante la justicia, esto debería hacerse mediante mecanismos ordinarios, sin necesidad de limitar la acción de las autoridades judiciales.
La decisión abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los alcances jurídicos de la paz urbana en Colombia y los instrumentos utilizados para avanzar en estos procesos. Ahora será el Consejo de Estado el que determine si la resolución se ajusta al marco legal, en medio de un debate que involucra seguridad, justicia y política en el país.
