Las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional comenzarán este lunes 20 de mayo una nueva ronda de conversaciones en Caracas con el compromiso de firmar un acuerdo en medio de las diatribas de los últimos días, luego de que el grupo subversivo anunciase el fin de la suspensión de los secuestros con fines económicos.
Como acordaron el pasado 22 de abril, las partes retomarán formalmente la mesa de negociaciones en Venezuela, país garante de este proceso, para la firma de un acuerdo relacionado con el primer punto de la agenda: la participación de la sociedad en la construcción de la paz.
Este diálogo se extenderá hasta el sábado, sin que se conozca, de momento, los temas específicos a tratar o el día en el que prevén suscribir el acuerdo, basado en una propuesta construida por el Comité Nacional de la Participación, que recabó aportes de 8.000 personas en 78 encuentros.
Según los comunicados emitidos por las partes en las últimas semanas, este punto es "el corazón de los diálogos de paz" y se trata de un plan y recomendaciones que tienen el objetivo de "construir una agenda de transformaciones para la paz".
En la reunión de abril, en Caracas, la delegación del Gobierno estuvo liderada por Vera Grabe, mientras que el equipo de la guerrilla tuvo como jefe de negociaciones a Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán', junto al máximo comandante del grupo, Eliécer Herlinto Chamorro, alias 'Antonio García', quien no forma parte de la delegación negociadora.
El pasado 11 de abril, el jefe guerrillero acusó al presidente colombiano, Gustavo Petro, de recibir dinero de extorsiones cuando militaba en la guerrilla del M-19 en la década de los ochenta.
Al respecto, en un comunicado, la delegación del Gobierno que negocia con la guerrilla consideró inaceptable que 'García', ante "la crisis interna" que tiene ese grupo armado, "lleve a tomar el camino del insulto y la agresión como forma de distraer sobre las indefiniciones frente a la paz".
Seis días antes el ELN había anunciado que daba "por terminada" la suspensión de los secuestros con fines económicos, al considerar que el Ejecutivo ha incumplido con la creación de un "fondo multidonante para el proceso de paz", a lo que el Gobierno respondió que la eliminación de ese crimen no es negociable con el Estado.
