La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por su presunta responsabilidad en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El ente acusador considera que existieron omisiones en la adopción de medidas de seguridad que habrían sido determinantes en el asesinato del dirigente político, ocurrido el 7 de junio del año pasado en Bogotá.
De acuerdo con la Fiscalía, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó la solicitud de audiencia de imputación contra Rodríguez Ballesteros como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión. Según la investigación preliminar, el funcionario no habría atendido de manera adecuada las solicitudes de refuerzo y mejora del esquema de protección del entonces precandidato del Centro Democrático, pese a los riesgos advertidos.
El llamado a responder del director de la UNP tiene especial relevancia política, al tratarse de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro y la primera autoridad del actual Gobierno en ser procesada penalmente por este crimen. Rodríguez, exintegrante del M-19, ha estado al frente de la entidad encargada de la protección de líderes políticos, sociales y funcionarios públicos en un contexto de creciente violencia.
Las falencias en los esquemas de seguridad asignados a candidatos y líderes han sido uno de los principales cuestionamientos a la gestión de la UNP durante la administración de Rodríguez. Tras el asesinato de Uribe Turbay, se abrió un intenso debate sobre el nivel de protección con el que contaba el precandidato y sobre la respuesta institucional frente a las alertas emitidas con anterioridad al atentado.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, ha insistido desde el inicio del proceso en que existió responsabilidad estatal en el crimen. El penalista recordó que un juez, en una decisión adoptada el año pasado, concluyó que al precandidato no se le brindó la protección necesaria. Según Mosquera, en más de diez oportunidades se habrían omitido acciones concretas para fortalecer su esquema de seguridad.
“El juez consideró que efectivamente al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no le dieron la protección adecuada y que hubo mezquindad por parte de esa entidad respecto de su seguridad”, señaló el abogado, al referirse a los hallazgos judiciales que respaldan la tesis de omisión por parte de la UNP.
Miguel Uribe Turbay fue atacado a bala el 7 de junio en el parque El Golfito, en Bogotá, mientras participaba en un mitin político junto a simpatizantes. Un menor de 15 años le disparó con una pistola Glock calibre 9 milímetros en la cabeza y en una pierna, causándole heridas de gravedad. El dirigente fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento, ocurrido el 11 de agosto.
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Desde los primeros momentos posteriores al atentado, el presidente Gustavo Petro señaló que debía revisarse si existía alguna responsabilidad en el esquema de seguridad del precandidato. Aunque inicialmente las investigaciones apuntaron a disidencias de la denominada ‘Segunda Marquetalia’ como principales responsables materiales, la Fiscalía sostiene ahora que, de manera preliminar, las omisiones en la adopción de medidas de protección recaerían en la dirección de la UNP, lo que motivó la imputación contra Augusto Rodríguez.
