Un juzgado laboral de Bogotá ordenó el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, por incumplir una orden judicial relacionada con una acción de tutela presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.
La decisión también contempla una sanción económica cercana a los ocho millones de pesos tanto para el funcionario como para Ángela Lorena Ortiz Rosero, secretaria general de la entidad. La determinación fue adoptada por el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá, que concluyó que el director de la ANT no acató lo dispuesto previamente en una tutela fallada en diciembre de 2025.
Según el despacho judicial, la Agencia Nacional de Tierras debía cumplir con una serie de requerimientos derivados de ese proceso constitucional. Entre ellos, responder un cuestionario relacionado con la presunta compra irregular del predio denominado “Peñasgordas”, ubicado en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca.
De acuerdo con el equipo jurídico de la senadora Valencia, el terreno en cuestión habría estado ocupado durante más de dos décadas por comunidades campesinas. Por esta razón, la congresista solicitó información detallada sobre la situación jurídica del predio y las condiciones en las que la entidad estaría adelantando su eventual adquisición.
Sin embargo, según lo expuesto en el proceso judicial, la Agencia Nacional de Tierras no habría respondido de manera oportuna a los cuestionamientos planteados por la senadora. Esto llevó a que se presentara un incidente de desacato por presunto incumplimiento de la orden de tutela.
La normatividad colombiana establece que, cuando un funcionario público se niega o es renuente a cumplir una decisión judicial derivada de una tutela, los jueces pueden imponer sanciones como multas o arrestos con el fin de garantizar el cumplimiento del fallo.
Tras conocerse la decisión judicial, la Agencia Nacional de Tierras emitió un comunicado en nombre de su director en el que señaló que la sanción aún no está en firme, ya que no ha sido confirmada en segunda instancia.
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La entidad también aseguró que ya dio respuesta al derecho de petición presentado por la senadora Valencia y negó que exista intención de ocultar información sobre el caso.
“La entidad no oculta información. Durante el trámite de la solicitud se presentaron demoras asociadas al proceso de recopilación y verificación de la información técnica y jurídica necesaria para emitir una respuesta completa y responsable”, explicó la ANT.
Según la institución, dichas demoras obedecieron a la complejidad de los procesos relacionados con la adquisición y adjudicación de predios que adelanta la entidad.
En el mismo comunicado, la agencia rechazó las afirmaciones sobre supuestas prácticas sistemáticas de cobro de comisiones en la compra de tierras. La ANT señaló que, bajo la dirección de Harman, se han adoptado medidas para identificar, denunciar y poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier irregularidad que eventualmente pueda presentarse.
El caso ocurre en medio del debate nacional sobre la compra de tierras por parte del Estado y la implementación de la política de acceso a la tierra. Entretanto, el proceso judicial seguirá su curso mientras se resuelve si la sanción queda o no en firme en las instancias superiores.
