La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria para facilitar la liberación de los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, en el departamento del Chocó. Según la entidad, el objetivo principal es garantizar el respeto por los derechos humanos y el retorno seguro de los uniformados a su unidad militar y a sus hogares.
La situación se presenta en medio de un contexto de alta tensión social y de seguridad en esta zona del país, donde confluyen comunidades indígenas, fuerza pública y actores armados ilegales. La Defensoría indicó que el proceso se realizará mediante canales institucionales y con acompañamiento de autoridades civiles, priorizando una solución pacífica.
El secuestro ocurrió durante operaciones militares
Los hechos se registraron el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército Nacional adelantaba labores de vigilancia y control territorial en una zona estratégica del Chocó, caracterizada por la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con información oficial, cerca de 200 personas rodearon a los soldados e impidieron que continuaran con su misión constitucional.
Posteriormente, los militares fueron trasladados hasta el resguardo indígena La Puria, donde permanecen secuestrados. Aunque no se han reportado agresiones físicas, el Ejército calificó la situación como una grave vulneración a la libertad y a la integridad personal de sus hombres, reiterando su preocupación por el precedente que este tipo de hechos genera para la institucionalidad.
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Comunidades piden presencia del Estado
Las comunidades indígenas involucradas habrían manifestado su inconformidad frente a las operaciones militares en su territorio y solicitaron mayor presencia de entidades del Estado para atender problemáticas sociales, de seguridad y de inversión. Este episodio pone nuevamente en evidencia la compleja relación entre la fuerza pública y los pueblos étnicos en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.
La Gobernación del Chocó informó que, una vez conocida la situación, se activaron los mecanismos de diálogo con el fin de evitar una escalada del conflicto y proteger tanto a los militares como a la población civil. La intermediación de organismos defensores de derechos humanos ha sido clave para generar confianza entre las partes.
Un territorio marcado por el conflicto armado
El Chocó continúa siendo uno de los departamentos más golpeados por la violencia y la ausencia estatal. En esta región operan grupos armados como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, que se disputan corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilegales, especialmente en zonas rurales y selváticas.
Esta realidad ha incrementado la percepción de riesgo entre comunidades indígenas y afrodescendientes, que suelen quedar atrapadas en medio de confrontaciones armadas y operaciones militares. La Defensoría del Pueblo reiteró que su labor se orienta a la protección integral de los derechos humanos, sin distinción alguna.
Finalmente, la entidad aseguró que continuará acompañando las gestiones necesarias para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que permitan prevenir nuevas crisis humanitarias en el territorio chocoano.
