El clima político en Colombia vuelve a tensarse tras la denuncia presentada por Víctor Mosquera, abogado del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, contra el presidente Gustavo Petro. La acusación fue radicada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y señala al mandatario por presunto hostigamiento ideológico, un hecho que podría tener implicaciones legales y políticas de gran alcance.
¿Qué motivó la denuncia?
Según Mosquera, la denuncia se fundamenta en la narrativa sostenida por el presidente Petro a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde, afirma, ha publicado de manera sistemática expresiones hostiles, descalificaciones personales y señalamientos sin sustento en contra del senador Uribe Turbay. Para el abogado, estos actos no constituyen simples opiniones políticas, sino una forma de hostigamiento que ha contribuido a un entorno hostil y peligroso para el ejercicio político de su cliente.
Mosquera sostiene que esta narrativa presidencial "ha creado una percepción social de criminalidad e ilegitimidad" en torno al senador, a quien se le ha vinculado con conceptos como “régimen del terror”, “los crímenes del uribismo” y “la herencia paramilitar”. Tales expresiones, según el jurista, no solo afectan la imagen del político, sino que también inciden en su seguridad y la de su entorno.
Un atentado que enmarca la denuncia
La denuncia adquiere mayor peso tras el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, cuando Miguel Uribe fue atacado a bala durante un mitin político en el barrio Modelia. El agresor, un joven sicario de apenas 15 años, fue capturado, y junto a él, otras tres personas han sido detenidas en el marco de una investigación aún abierta.
El abogado de Uribe sostiene que este hecho no puede entenderse como un incidente aislado. “Es consecuencia de un proceso de deshumanización discursiva sostenido desde la figura presidencial”, asegura el documento radicado ante la Comisión de Acusaciones. Para Mosquera, la manera en que Petro ha usado su poder comunicacional ha generado un entorno de riesgo real, que culminó con el atentado contra el senador.
¿Qué dice la ley?
Mosquera señala que la conducta del Presidente podría configurar responsabilidad penal bajo los principios del Derecho Internacional Penal y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La denuncia enfatiza que los discursos del jefe de Estado, al provenir de una investidura institucional, tienen un impacto diferente al de un ciudadano común. "No se trata de simples trinos desafortunados, sino de una narrativa hostil dirigida, con efectos verificables", afirma.
Además, se recalca que la cuenta de X del presidente Petro tiene más de 8,2 millones de seguidores, lo que amplifica considerablemente el alcance de sus palabras. En este contexto, los señalamientos contra Uribe Turbay habrían contribuido, según la denuncia, a legitimar socialmente actos de exclusión, agresión y, en el peor de los casos, violencia física.
¿Qué viene ahora?
La Comisión de Acusaciones deberá evaluar los elementos probatorios presentados por la defensa de Uribe y determinar si procede abrir una investigación formal contra el presidente. Dado que Petro goza de fuero presidencial, solo esta instancia puede adelantar procesos en su contra por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de su cargo.
Este caso también podría escalar al terreno internacional, en caso de que se consideren violaciones a tratados o normas de derechos humanos. Mientras tanto, el país sigue atento al desenlace, en medio de un ambiente político cada vez más polarizado.
Más allá del debate jurídico, la denuncia abre una discusión sobre los límites del discurso político en el marco democrático. ¿Hasta qué punto un presidente puede criticar a sus opositores sin caer en hostigamiento? ¿Qué consecuencias tienen sus palabras en un contexto de violencia política persistente? Son preguntas que hoy están sobre la mesa, y cuya respuesta podría redefinir el tono de la contienda electoral que ya empieza a calentarse en Colombia.
