El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS elaborar, certificar y publicar sus estados financieros correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, en un plazo máximo de tres meses.
La decisión se produjo luego de que el tribunal estudiara una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, FEDe, en la que se cuestionaba la falta de publicación de esta información financiera.
De acuerdo con un comunicado de la fundación "la decisión es relevante porque Nueva EPS es la entidad promotora de salud con mayor número de afiliados del país, más de 11 millones de usuarios. Además, permanece bajo la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que la disponibilidad de información financiera actualizada es de especial interés público".
Según la decisión del Tribunal, la entidad debía divulgar sus estados financieros de propósito general con corte al 31 de diciembre de cada vigencia, junto con el dictamen del revisor fiscal, cuando este aplique.
¿Qué se sabe sobre la situación actual de la Nueva EPS?
Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024, es la entidad con mayor número de usuarios en Colombia: administra más de 11,6 millones de afiliados, equivalentes al 22,38 % del sistema de salud.
La Procuraduría General de la Nación advirtió que la situación financiera de la Nueva EPS muestra un deterioro progresivo y señaló que sus pasivos corrientes aumentaron 229 %, al pasar de 5,4 billones de pesos en 2022 a 17,8 billones en 2024. Además, la falta de estados financieros actualizados ha sido uno de los puntos críticos señalados por las autoridades, pues limita la posibilidad de conocer con exactitud el alcance de sus obligaciones y el estado real de la entidad.
La publicación de estos documentos permitirá conocer con mayor claridad el estado real de las finanzas de la Nueva EPS, en medio de las preocupaciones por sus deudas con la red hospitalaria y su impacto en la prestación del servicio.
Además, al tratarse de una entidad que maneja recursos del sistema de salud y atiende a millones de usuarios, la decisión del Tribunal refuerza la necesidad de transparencia, control público y rendición de cuentas sobre su manejo administrativo y financiero.
