El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) recordó que este sábado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia inició la audiencia pública para modificar el plan de manejo ambiental presentado por la Policía Nacional como base para retomar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PICIG).
Dicha audiencia ambiental, que se realiza desde Florencia (Caquetá), pretende convocar a 65 de los 104 municipios identificados para las operaciones militares aéreas de fumigación con el veneno agrotóxico.
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En este contexto, subrayó Indepaz, decenas de organizaciones campesinas, étnicas, ambientales, sindicales, han rechazado la realización de esa audiencia señalando que en las condiciones actuales de la pandemia del coronavirus (COVID-19) no se ha garantizado la participación de la mayoría de los voceros de las comunidades y subregiones que pretenden ser impactadas por la aspersión aérea.
Además, alegan que no se ha entregado la información suficiente sobre los estudios de impacto ambiental, ni sobre el cumplimiento estricto de las disposiciones de la Corte Constitucional que condicionaron la reanudación del PECIG.
Así las cosas, las organizaciones sociales firmaron una declaración de rechazo que puntualizó fuertes críticas al procedimiento y a los contenidos del Plan de Manejo Ambiental contratado por la Policía Nacional.
Según el Gobierno colombiano, es necesario restablecer la fumigación aérea con el glifosato para disminuir los cultivos de hoja de coca, la producción de cocaína y, a su vez, dejar sin financiación a los grupos armados ilegales y reducir las altas cifras de masacres y los asesinatos de líderes sociales en el país.
Colombia suspendió en 2015 la aspersión aérea con glifosato tras acogerse a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que alertó por los potenciales daños que puede generar el herbicida en las personas y el medio ambiente.
